El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que en 2019 se encontraron operaciones financieras realizadas por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con empresas que fueron utilizadas por el crimen organizado, específicamente el Cartel de Sinaloa, sin que esto quiera decir, dijo, que el mandatario esté relacionado con éstos.
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Lo anterior como parte de la diligencia testimonial convocada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados encabezada por Pablo Gómez, que lleva el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador tamaulipeco, y donde Nieto Castillo explicó detalladamente los puntos de la investigación que realiza la dependencia a su cargo.
En sesión remota y que fue transmitida por las redes sociales de la Cámara de Diputados, el titular de la UIF detalló una serie de movimientos financieros e irregularidades en declaraciones de ingresos desde 2013 por parte de Francisco N., como se refirió en todo momento al gobernador tamaulipeco, partiendo de los elementos que dan paso al actual proceso.
Al respecto, indicó que el mandatario estatal fue denunciado por operaciones financieras inusuales, que incluyeron la compra y venta de inmuebles en México y Estados Unidos con recursos de posible procedencia ilícita, ya que fueron por cantidades millonarias y utilizando en algunos acasos empresas fachada, en copropiedad con familiares y en colaboración con socios de otras empresas bloqueadas y con denuncias desde la pasada administración por realizar operaciones asociadas a grupos de la delincuencia organizada.
Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del gobernador, vendido por 42 millones de pesos; así como, un rancho en Soto la Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar.
Asimismo, hay un rancho en Tamaulipas, con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción valuados en 38 millones de pesos (mdp); una casa en Reynosa; otra propiedad más en McAllen, Texas valuada en 8.5 mdp; una casa y siete terrenos en Reynosa, entre otras propiedades.
Explicó que parte del proceso tiene que ver con una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome) que le otorgó 14.3 millones de pesos (mdp) para la adquisición de un inmueble y donde se registra un pago el 8 de noviembre de 2016 por 13.5 mdp, es decir, se liquida casi la totalidad del crédito.
Señaló que de acuerdo a la información obtenida por la UIF, las dos empresas que financiaron a la Sofome están en lista de personas bloqueadas y se relacionan con otras empresas que también registran movimientos bancarios inusuales, por lo que la denuncia, que viene desde la anterior administración, es por haber sido mecanismos que tenía el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N.; lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a las Sofome, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. “(…) Lo relevante para nosotros es que la Sofome recibió, en este caso en particular, dos empresas fachada identificadas como parte, como se ha dicho, de siete entidades mercantiles relacionadas con el cártel de Sinaloa”, enfatizó.
Al respecto, indicó que no es el primer caso de denuncias de la UIF contra gobernadores en funciones, ya que reveló que se tienen tres casos más, de los cuales, evidentemente, no dio más detalles. Nieto Castillo rechazó que la investigación a Francisco N., sea producto de una persecución política, pues reiteró que, estos datos se han recabado desde el sexenio pasado pues los movimientos financieros inusuales datan desde 2013.
En ese sentido, indicó que la información que tiene la UIF, es la que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos, que lo hacen de manera espontánea, sin necesidad de algún requerimiento por parte de la Unidad.
Señaló que estos entes, tienen la obligación de reportar cualquier situación que considere inusual, en donde se rompan los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios del sistema financiero. “La fuente son las denuncias y los bloqueos de una Unidad de Inteligencia Financiera en 2015 y 2019, insisto, no son provenientes solamente de esta administración, no hay ningún tipo de persecución política en razón de que se trata de procesos vinculados con solicitudes de un órgano constitucional autónomo en primer término.
“En segundo término se trata de información que viene de sexenios anteriores. Nada está orquestado en ninguna parte del país, se trata simple y sencillamente del cumplimiento de las normas del Estado de derecho”, enfatizó Santiago Nieto. Señaló que son los datos que se tienen y donde se aprecia la participación de García Cabeza de Vaca como funcionario público y después se distingue un movimiento importante de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dejó en claro que éstos no se tratan de datos de prueba, que son los que desarrolla el Ministerio Público, y si existe una evasión o una defraudación fiscal, será el SAT, y evidentemente la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Sin embargo, nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cualquier de sus delitos precedentes, presuntos actos de corrupción (…) La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la competencia de ejercer la acción penal”, sostuvo.
Afirmó que toda esta información ya se encuentra en posesión de la FGR y forma parte del proceso indagatorio que se ha llevado a cabo en cumplimiento a lo solicitado por la propia Fiscalía.
Reiteró que se trata de información financiera, tanto en SPEI como en operaciones en efectivo, cheques interbancarios por 9.6 millones en las diversas cuentas, la adquisición de los bienes mencionados y la participación accionaria en dos empresas, una productora rural y otra creada en los Estados Unidos.
En este rubro, refirió que la transacción financiera de productora rural es de 104 millones de pesos y envía entre 2013 y 2019, 124 millones de pesos, sin embargo, indicó que las operaciones no son acordes con sus declaraciones patrimoniales, ya que de 2015 a 2019 reportaba ingresos por 42.1 millones de pesos, es decir, que declaró solo un 33 por ciento de sus ingresos.
El principal de la UIF finalizó reiterando que el Presidente de la República sólo busca el entendimiento con las fuerzas políticas y que la instrucción que tiene es que en cualquier caso donde haya algún tipo de irregularidad hacerlo del conocimiento con independencia de la fuerza política de que se trate.
