Un exalto funcionario del Gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, fue trasladado este jueves a la prisión de Latacunga en cumplimiento de la sentencia dictada por la justicia ecuatoriana en el caso «Sobornos 2012-2016», mientras se comienzan a ejecutoriar las penas contra cada uno de los veinte condenados.
AntilavadoDeDinero / EFE
Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, fue trasladado a primera hora de la tarde desde su residencia en Guayaquil con casco y chaleco antibala por una unidad del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y conducido por tierra al centro de privación de libertad de Latacunga, en la sierra andina, informaron distintos medios locales.
Al salir de su casa, donde cumplía hasta ahora arresto domiciliario, el exsecretario reivindicó su inocencia en declaraciones a periodistas que lo esperaban y dijo que era un perseguido político que iba a prisión con «honor» por sus «ideas».
Mera fue condenado a ocho años de prisión como coautor de una trama de sobornos en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, para la financiación ilegal del partido Alianza País, cuando era encabezado por Correa, entonces jefe del Estado, que este niega tajantemente y atribuye a una persecución política.
Desde Bélgica, donde reside desde 2017, el exmandatario calificó «el Caso Bochornos» (en lugar de «Sobornos) como «una gran charada», que sería «imposible en un Estado de Derecho».
«La agresión contra Alexis Mera duele e indigna, demuestra la forma despiadada con la que el régimen ha brutalizado la política. !Resistiremos y venceremos!», agregó.
Y aseguró que «Nunca han existido sobornos», y que todo se trata de una persecución política para impedirle a él y a sus seguidores participar en las elecciones de 2021.
En la trama, que ha pasado toda las instancias judiciales del país y que, desde el miércoles, está en fase de ejecución de sentencia, fueron condenados veinte personas, entre ellas Correa y su entonces vicepresidente, Jorge Glas, que cumple condena en la misma prisión de Latacunga por otro caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
La aplicación de la sentencia es llevada a cabo por un tribunal de primera instancia después de que el de Casación rechazara el último recurso de apelación el pasado 7.
Este miércoles, el juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra «ejecutoriado» o «en firme», ordenó asimismo la localización y captura del expresidente, condenado a ocho años de prisión por cohecho, delito por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones y su pensión como exjefe de Estado.
En respuesta a la ejecución de la sentencia y los obstáculos que han encontrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), varias decenas de vehículos con cientos de activistas del movimiento Revolución Ciudadana, «miles» según los organizadores, circularon este jueves por las calles de Quito en una marcha por la «Democracia y la participación», hasta la sede del CNE.
«Ecuador defiende la democracia», se leía en una de las pancartas de la marcha.
Para conseguir la repatriación de Correa, que tiene pendiente en su país un sin numero de investigaciones abiertas, Ecuador deberá apelar a la Interpol, que en el pasado ya rechazó una petición similar.
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Además de Mera y Correa, la orden pesa contra su exvicepresidente Glas, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.
En cumplimiento de la orden, el Ministerio de Economía ha comenzado este jueves a tramitar la eliminación de la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de exmandatarios.
