Un exministro y un empresario dominicano son condenados a prisión por caso Odebrecht

Un tribunal dominicano condenó este jueves a un exministro y a un empresario por su implicación en el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país.

Antilavado de Dinero / El Universo.

El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, condenado a 5 años de cárcel, y Ángel Rondón, exrepresentante de Odebrecht en República Dominicana, que cumplirá 8 años de prisión, son los únicos implicados que fueron hallados culpables, mientras que el tribunal absolvió a los otros cuatro investigados.

Ambos imputados también fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a pagar sendas multas equivalentes a 200 salarios mínimos.

Los otros cuatro imputados fueron absueltos de todos los cargos, entre ellos el expresidente del Senado Andrés Bautista, los exsenadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga.

Las tres juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no llegaron a analizar las acusaciones de soborno en relación a varias de las obras públicas que constaban en la acusación, debido a que los delitos ya habían prescrito antes de abrirse la investigación.

El caso Odebrecht investigó el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en República Dominicana y para conseguir la aprobación parlamentaria de la correspondiente financiación de esos proyectos.

La empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, en un acuerdo firmado con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en el que admitió haber hecho pagos millonarios ilegales en doce países de América Latina y África.

La constructora firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar al Estado 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos en el país.

El caso Odebrecht es la investigación de corrupción más importante juzgada en el país, y cuando se destapó en 2017 fue el detonante de una serie de manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y contra la impunidad.

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