La mayoría de las universidades proyecta que al menos buena parte de sus segundos cuatrimestres transcurrirá a distancia. Ante la contingencia, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzó en un sistema de reconocimiento facial de alumnos que las casas de estudio podrán usar para evitar fraudes en los exámenes.
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El software cruza datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo cual posibilita la validación de la identidad del alumno. El procedimiento es sencillo: el docente carga a los estudiantes en condiciones de rendir un examen y los alumnos deben sacarse una foto y subirla al sistema. A los pocos segundos, obtiene una respuesta que confirma su identidad.
“Es un procedimiento análogo al que se da en el aula, que el alumno tiene que llegar con el documento. El sistema es cien por ciento seguro y no corre riesgo la confidencialidad de los datos. Cada universidad define si quiere usar la solución o no”, explicó a Infobae Guillermo Diorio, coordinador general del Sistema de Información Universitaria, a cargo del desarrollo del sistema.
Ayer los 57 rectores del CIN firmaron un convenio con los ministerios de Educación y del Interior para que aquellas universidades públicas que lo deseen puedan acceder a la plataforma de validación de identidad, que se llama “Siu Quechua”. No se utilizará solo para exámenes virtuales, sino también para trámites como la inscripción a una carrera desde el año que viene.
“La aplicación va a estar a disposición de las universidades y cada institución considerará su uso. Es una herramienta que otros organismos públicos ya utilizan. La aplicación fue adecuada a las necesidades de las actividades académicas, los exámenes y la asistencia”, indicó Delfina Veiravé, presidenta del CIN.
Siu Quechua surgió de la inquietud de las instituciones, que tenían dificultad para verificar si efectivamente era el estudiante el que estaba por rendir un examen. Ya muchas manifestaron que la usarán. La UBA, por su parte, reconoció que lo analiza. “Lo estamos analizando en general pero cada facultad es la que decide qué medios tecnológicos utiliza de acuerdo a sus necesidades”, advirtieron.
Dos semanas atrás, un anuncio de la Universidad de Córdoba había generado controversia fuerte en la comunidad educativa. La UNC compró 17.545 dólares el software Respondus para que las facultades usen para tomar exámenes. Este sistema es más sofisticado y, a la vez, más invasivo. Por un lado, el programa inhibe la navegación por internet mientras se rinde la evaluación. El alumno solo puede contestar la prueba y el resto de las opciones informáticas se bloquean hasta que la entregue. Por otro lado, filma al estudiante durante toda la sesión y capta, a través de gestos, posibles señales de “trampa”.
Si bien la plataforma del CIN solo implica una fotografía, despertó inquietud. La Asociación por los Derechos Civiles le envió una carta al ministro de Educación Nicolás Trotta solicitando información, con una serie de preguntas como: “¿Fue realizada una evaluación de impacto en derechos humanos (como el derecho a la privacidad, a la educación, a la no discriminación) previo a la firma del convenio?”, “¿La validación de la identidad del estudiante será obligatoria?”, “¿Los estudiantes tendrán métodos alternativos para validar su identidad?”.
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“Es fundamental que estas iniciativas se encuentren debidamente justificadas para no interferir de manera desproporcionada con derechos como la privacidad, la protección de datos personales, el acceso a la educación y la no discriminación”, expresaron desde la asociación civil.
Al contrario, grupos estudiantiles celebraron la iniciativa: “Dado que existieron experiencias en otras universidades, particularmente en Córdoba, que demostraron invadir sin consentimiento la privacidad de los estudiantes a la hora de tomar un examen, consideramos que la implementación de un software del Estado que permita validar nuestra identidad significa un gran avance”, consideró Mariana Gottardo, de la agrupación La Mella, consejera superior de la UBA.
El convenio firmado contempla entre sus cláusulas que “los datos confrontados serán destruidos una vez verificada la validez del Documento Nacional de Identidad”. Del mismo modo, otra cláusula plantea que “los datos son facilitados con carácter obligatorio, por cuanto es imprescindible identificar fehacientemente al titular, para asegurar el correcto proceso de identificación
