En la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno introdujo cambios negativos a la Ley de Inclusión Financiera, GAFI, que acarrearán sanciones al país, como advirtieron oportunamente expertos uruguayos y la Asociación de Bancarios (AEBU), cuyo dirigente Roberto Bleda.
Antilavadodedinero / M24
Bleda integró una comisión del Consejo Central de AEBU que en 2020 concurrió a la Cámara de Representantes antes de la votación de la LUC a exponer sobre lavado de activos y alertar por los riesgos de esos cambios. Apuntó que ya “desde julio, agosto del año pasado en el sindicato bancario lo venimos anunciando, previniendo (…) pusimos sobre aviso que esto iba a suceder, que esto no era bueno para el país porque comienza a transitarse una zona de riesgo, nuevamente, de estar en las famosas ́listas grises ́ o ́negras ́ del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional de la OCDE), mecanismo internacional que justamente observa todo lo referente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo; es la organización competente a los efectos de evaluar los países sobre este asunto”, resumió.
El dirigente describió gráficamente los cambios de la LUC que facilitan el lavado de activos mediante el uso de dinero en efectivo y la movilización de flujos monetarios entre diversos agentes financieros de la plaza local. “Sobre fines de 2019 Uruguay tuvo una calificación bastante buena respecto a cómo había avanzado, sobre todo con la Ley de Inclusión Financiera, en hacer más seguro al sistema” y sus aledaños, aunque “en el mismo informe se deja claramente establecido que va a ser observado con dureza porque ese camino tiene que mantenerlo, según GAFI”, recordó.
Asimismo “los bancos privados coinciden” en la inconveniencia de “aflojar los controles de los dineros que se utilizan para las transacciones” de bienes y otros activos, incluyendo los monetarios y financieros en general, resaltó. Y el año pasado “el Reporte de Operaciones Sospechosas” de lavado “bajó de manera importante y sobre todo en el sector no financiero”, esto es entre “escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, zonas francas”, todos “ ́sujetos obligados ́”, según define “la Ley”, a “saber e investigar sobre el origen del dinero” que se maneja en las transacciones que ellos certifican. Más aún, “también baja la información que pedimos a otros países cuando entra dinero, que es otro aspecto importante en el control, y sin embargo aumentaron las que nos piden otros países cuando va dinero de Uruguay.
Eso también marca con claridad que comienza a haber una cierta duda sobre ese dinero, entonces los bancos piden más reportes. En el 2019 los reportes que nos pidieron desde el exterior fueron 4, en el 2020 fueron 28”. “Para nosotros no es noticia, el sindicato lo denunció, y expertos ya habían previsto largamente este asunto. Los contadores Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa Teibo en abril, mayo del año pasado venían anunciando y previendo que esa parte de la Ley de Inclusión Financiera no debería modificarse, pero la coalición de gobierno desatendió este asunto”, anotó. Bleda ejemplificó esa crónica anunciada.
“En el negocio inmobiliario no hubo menos actividad en el 2020 que en el 2019, a pesar de la pandemia los negocios se mantuvieron más o menos igual”, con lo que “simplemente se está cumpliendo este anuncio que hicieron los expertos y que denunció el sindicato bancario en Comisión de Diputados. Ahora comenzamos a transitar el camino de riesgo de entrar a alguna ́lista gris ́ de GAFI”, alertó. Entrar allí “implica que para un inversor extranjero hay cierto riesgo en el sistema” financiero local “para traer sus inversiones. En los últimos 25, 30 años los gobiernos de turno, de todos los partidos, hacen un hincapié muy importante en la necesidad de que vengan inversores extranjeros”, pero “lo que hace el inversor es mirar cómo estamos en el ranking de la GAFI”, y “si no hay inversiones, no vienen esos capitales y no se genera trabajo”.
“También cuando un país necesita una línea de crédito, se complica conseguirla si está en una ́lista gris ́ o se consigue a tasas muy caras” y así “es caro para todo el país devolver” el crédito, con lo que se tiene “menos posibilidades de acceso a fondos internacionales”, además de que en el mercado de títulos “los propios bonos del país comienzan a valer menos”.
