Hace unos días que se realizó la interpelación a los ministros, del Interior, Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo sobre el sonado caso de la entrega de un pasaporte a un narcotraficante que no presunto, Sebastián Marset.
Antilavadodedinero / 970universal
El resultado de la interpelación fue como ya lo saben la prevista oposición descontenta que pide la renuncia de los jerarcas y oficialismo satisfecho con las explicaciones dadas.
No voy a referirme al caso concreto en sí, esto es la entrega del pasaporte, si fallo Inteligencia policial, si hubo connivencia, si fue un error, si fue legal si falto sentido común etc.
Me voy a referir al agrado que da tener un cuerpo de senadores como el que tenemos que salió satisfecho porque en Uruguay el narcotráfico no está en el sistema político. Lo dijo el ministro Heber y asintieron todos. Todos se golpearon el pecho. Fue una suerte de autosatisfacción legislativa.
He aquí entonces uno de los problemas para que hoy el Uruguay este en la situación que está en materia de narcotráfico: la falta de percepción del peligro que entraña.
Hoy no le debe gustar a nadie leer que en el Financial Times se habla de Uruguay como nuevo mercado de la droga.
Sin embargo ya había problemas desde hace bastante tiempo, pero no se lo vio como una complicación, solo se atinaba a repartir culpas políticas.
Desde finales de los años 80 y hasta mediados de la década del 2010, Uruguay ha estado bajo fuego de parte de organizaciones criminales internacionales que han querido instalarse en el país de todas las formas posibles, sin que se advirtiera desde el sistema político una real percepción del peligro que esto implicaba para la sociedad en su conjunto.
Tras el regreso de la democracia, luego de la dictadura, el gobierno que emergió en las elecciones, encabezado por Julio María Sanguinetti, se dedicó a procesar la transición y poner al país en la consideración internacional y a pilotear una grave crisis económica.
El segundo gobierno, ya en democracia, con Luis Lacalle de Herrera el frente del Poder Ejecutivo, estuvo centrado en aplicar un conjunto de medidas para achicar el Estado y en las privatizaciones, con la idea de transformar a Uruguay en un país de servicios.
En el año 1989, justo cuando ganó las elecciones Lacalle, fue detenido en Punta del Este el argentino Raúl Vivas, el financista que operaba en Punta del Este para uno de los carteles de la droga lavando dinero. Operaba en plena avenida Gorlero, con el cambio Italia, frente al casino Nogaró. Vivas llegó a colocar –nunca se sabrá la cifra exacta– entre 500 y 1.200 millones de dólares, a través de su negocio con apariencia lícita. Vivas, que sigue preso en EEUU, luego de que la Justicia lo condenara a 505 años de prisión, ayudó a colocar a Uruguay en una lista curiosa: fue en esos años el segundo exportador de oro en el mundo.
En febrero del año 1991 cayó también en Punta del Este José Lezcano Patiño, o Ramón Puentes Patiño, un cubano-panameño, contador del cartel de Cali, quien fue acusado de introducir cocaína a Europa y Estados Unidos y de lavar USD 8000 millones. Fue extraditado a Estados Unidos.
Fue el cerebro del famoso caso “Yomagate” que llevaba ese nombre por la cuñada del entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem, en el sonado asunto de las valijas de dinero del narcotráfico que ingresaban a la Argentina sin controles por el aeropuerto de Ezeiza. Para Ricardo Gil Iribarne, ex Secretario Antilavado, con Vivas y con Puentes Patiño fue la primera vez que Uruguay tomó conocimiento del lavado de activos asociados al narcotráfico.
Hoy en día no existe ningún país que esté aislado como para no formar parte del tráfico global de drogas. Países como Uruguay, que años atrás solo fueron puntos de transbordo para la droga, se han convertido en proveedores e irremediablemente también en consumidores.
El narcotráfico y los narcos son un fenómeno social porque hay cientos de jóvenes marginales y familias enteras que ven en esta actividad una forma de ganarse la vida sin mucho sudor. Desde el asesinato de Risoto, que se toma como punto de partida para los ajustes de cuentas, se incrementó la violencia y la ocupación territorial de parte de organizaciones más o menos estructuradas en torno a un líder o una familia.
Estas organizaciones se hicieron fuertes en determinados barrios de Montevideo como Cerro Norte, Villa Española, Malvín Norte, Carrasco Norte, Marconi, Casavalle, Barros Blancos, Chacarita de los Padres, Ituzaingó, Maroñas, barrio Borro, Peñarol y Cerrito de la Victoria. En esos lugares venden droga, alquilan armas y hasta prestan servicios de sicariato.
No busquen saber quién tiene más o menos razón, piensen y actúen, cada uno desde su lugar, como frenar, si es que se puede, un flagelo que a esta altura del partido ya no importa si entró al país bajo un gobierno u otro.
