El plazo de 180 días establecido por el Congreso de Estados Unidos para que el Gobierno elaborara una estrategia de cinco años para reducir la migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras, se venció este 27 de junio, donde también se incluye la “Lista Engel” sobre personajes vinculados con actos de corrupción de dichos países.
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Dicha propuesta es una obligación que quedó plasmada en la Ley de Compromiso Mejorado de EE.UU. con el Triángulo Norte, aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado el año pasado, junto con la Ley de Asignaciones Consolidadas 2021. Ambas fueron promulgadas y cobraron vigor el 27 de diciembre del 2020.
La Ley establece que 180 días después de promulgada debe entregarse la estrategia de desarrollo, así como un informe “no clasificado” de personas que hayan participado en corrupción, obstrucción significativa de las investigaciones sobre tales actos, o bien sea en procesos que socaven las instituciones democráticas.
Este informe se conoce como la “Lista Engel”, por haber sido el congresista demócrata del estado de Nueva York, Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien hizo la propuesta de ley.
En la Ley de Compromiso Mejorada, los legisladores estadounidenses plasmaron que “la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras daña significativamente las economías de dichos países y priva a los ciudadanos de oportunidades”.
De igual forma, menciona que la corrupción es facilitada no solo por ciudadanos particulares y funcionarios, sino en muchos casos por personas de terceros países, razón por la cual la imposición de sanciones en contra de personas involucradas en actos corruptos beneficiará a los ciudadanos y gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica.
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a Prensa Libre de Guatemala, que “estamos finalizando cuidadosamente el informe” que exige la Ley de Compromiso Mejorada de EE.UU. con el Triángulo Norte y que se dará a conocer al público “en breve”.
Agregó que la lucha contra la corrupción es una de las principales prioridades del Departamento de Estado a nivel mundial y que en Centroamérica junto con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática es “absolutamente esencial para nuestros esfuerzos por abordar las causas fundamentales de la migración”.
En tal sentido, es que nació la iniciativa de lista Engel que también sancionará a los involucrados con el retiro de la visa de ingreso a EE.UU. o bien sea, la revocatoria del documento si ya cuenta con él.
En abril pasado, el enviado especial para el Triángulo Norte Ricardo Zúñiga dijo que la Casa Blanca está considerando aplicar la Ley Magnitsky a los funcionarios de los gobiernos centroamericanos que resulten nombrados en la Lista Engel. Según detalló el funcionario, las sanciones que contempla este documento están coordinadas entre los Departamentos del Tesoro y del Estado.
El mes pasado, Estados Unidos desclasificó un listado de políticos de El Salvador, Guatemala y Honduras de quienes hay fuertes sospechas de estar involucrados en casos de corrupción y de narcotráfico. Sin embargo, a diferencia de la Lista Engel, ese listado no incluía ningún tipo de sanción.
En dicha lista fueron mencionados seis hondureños, todos diputados del Partido Nacional: Juan Carlos Valenzuela, Welsy Vásquez López, Milton Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López. Todos negaron dicha información o tener vinculos con la corrupción o narcotráfico.
