Siete venezolanos acompañados por la mayor alianza defensora del Estatus de Protección Temporal reclamaron en una corte de California que perder ese beneficio migratorio los dejaría sin trabajo, podría separarlos de sus hijos nacidos en EEUU y limitarles el acceso a cosas tan simples como la renovación de una licencia de conducir. Piden que se frene o se posponga la decisión tomada por la secretaria Noem, de no extender el TPS designado en 2023.
Siete venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) demandaron ante una corte de California a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por haber revocado la extensión de este beneficio para un grupo de más de 300,000 personas. Aseguran que su decisión fue «inconstitucional» y que el daño que causará «será irreparable» para miles de familias que quedarían sin un estatus legal, obligadas a volver a un país en crisis o a nuevamente migrar hacia otra nación que sí pueda darles refugio.
«Las acciones de la secretaria son ilegales por múltiples razones», se lee en la demanda. Explican que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene la autoridad para dejar sin efecto una extensión anterior del TPS. Y aunque la tuviera, agregan que las razones que tuvo para ponerle fin a la extensión del TPS designado en 2023 fueron «arbitrarias y caprichosas, contrarias a la ley» y «motivadas al menos en parte por un ánimo racial».
A inicios de febrero, la secretaria Noem anunció que rescindía la extensión dada por el gobierno de Joe Biden al TPS para los venezolanos que lo recibieron en 2023: esa decisión los deja con estatus legal y permiso de trabajo hasta el 7 de abril de 2025. La orden del DHS aseguraba que Venezuela ya no cumplía las condiciones que motivaron aquella designación y que mantenerlo, sería «contrario al interés nacional».
Noem dijo entonces que el gobierno de Joe Biden había abusado del TPS y aseguró —sin mostrar evidencias— que miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua estaban en el país protegidos por el TPS.
El anuncio de la secretaria dejó entonces en riesgo a unos 348,202 venezolanos que podrían perder su TPS. Sin embargo, los demandantes aseguran que la forma en la que Noem dejó sin efecto esta protección designada en 2023, puede afectar también a los que la recibieron en 2021: unas 250,000 personas más.
Los demandantes son siete venezolanos acompañados por la Alianza Nacional TPS, una organización que ha representado a más nacionalidades que han estado en riesgo en el pasado. Piden que se reinstaure la decisión del 17 de enero de 2025 del entonces secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, de extender el TPS de 2023, y que se frene o posponga la decisión de Noem.
Qué alegan los tepesianos
Algunos de los demandantes son Mariela González, una beneficiaria de la designación de 2021 que ha vivido en Estados Unidos desde hace 14 años; Freddy José Arape Rivas, quien se benefició con la designación del estatus en 2023 y vive y trabaja en una empresa tecnológica en Texas. También está M.H., que entró en la designación de 2023 y vive en Tennessee con su esposo y sus dos hijos, uno de ellos también tepesiano.
La otra es Cecilia González, que lo recibió como parte del TPS de 2021 y es estudiante en la Universidad del Centro de Florida. Está también Alba Purica, que entró en el TPS de 2023 y trabaja en California como cuidadora de niños.
La demanda, un texto de 48 páginas, asegura que la redesignación o extensión de un TPS se hace sobre la base de las condiciones que lo motivaron. Destaca que en enero de 2025, cuando el entonces secretario Mayorkas extendió el estatus por 18 meses más lo hizo porque Venezuela seguía «experimentando una crisis humanitaria compleja, seria y multidimensional», que «afectaba cada aspecto de la vida». Enumeró entonces los cortes frecuentes de luz, acceso a internet y agua; el aumento de la malnutrición, el colapso del sistema de salud, entre otros problemas que persisten en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
«Al rescindirlo, la secretaria Noem no encontró ningún error en la conclusión del secretario Mayorkas de que Venezuela continuaba cumpliendo con las condiciones por las que se designó el TPS», recalcan.
En entrevistas con Univision Noticias, venezolanos con TPS contaron que el anuncio de Noem dejó en shock a una comunidad. «Si lo quitan quedaré desamparada al 100%», aseguró Liskart Yepes, quien vive en Carolina del Sur y trabaja como paralegal. Ella explicó el impacto de perderlo: sin esa protección no podrá renovar su licencia de conducir, que se le vence en marzo; no podrá salir del país para visitar a su padre enfermo, que vive en Colombia; no podrá trabajar o ir sin miedo a hacer sus compras al mercado.
El efecto en lo cotidiano que cuenta Yepes resuena en los testimonios incluidos en la demanda. Aseguran que quedarse sin estatus legal o volver a Venezuela «para la mayoría esta no es una opción. Los venezolanos con TPS no pueden volver de forma segura a Venezuela».
Denuncian que como consecuencia, los tepesianos de ese país están quedando vulnerables a la separación de sus hijos ciudadanos estadounidenses, expuestos a un «daño emocional y psicológico tremendo» y a un dolor emocional generado por los «ataques racistas» de parte de funcionarios en altos cargos de gobierno.
