Los seis ejecutivos petroleros estadounidenses que llevan cuatro años de estar detenidos en Venezuela por cargos de corrupción han sido convocados a una audiencia ante una corte de apelaciones, una decisión inusual del sistema judicial de la nación sudamericana.
Antilavado de Dinero / El Nuevo Herald.
Esta semana, un juez programó para el martes la audiencia de los seis hombres, conocidos como los 6 de Citgo, según un documento de la corte compartido con The Associated Press por una persona al tanto del caso, la cual habló con la AP a condición de guardar el anonimato al no estar autorizada a declarar públicamente sobre el asunto.
Los ejecutivos comparecerán ante un panel de tres jueces en la misma semana en que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas aceptó el caso de Tomeu Vadell, uno de los seis empleados de Citgo que radican en Houston y que fueron arrestados en 2017.
Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en Caracas poco antes del Día de Acción de Gracias de ese año. Habían sido convocados a Venezuela para que acudieran a la reunión en las instalaciones de la paraestatal PDVSA, la matriz de Citgo.
Ese mismo año, los seis hombres fueron declarados culpables de malversación en un juicio marcado por demoras e irregularidades. Se les sentenció a entre 8 y 13 años de cárcel por una propuesta que nunca se llevó a cabo de refinanciar miles de millones de dólares en bonos de la compañía petrolera. En su momento, el presidente venezolano Nicolás Maduro los acusó de “traición”. Todos se declararon inocentes.
A los hombres se les ha concedido arresto domiciliario en dos ocasiones durante su detención. La primera vez fue en diciembre de 2019 y duró dos meses. Fueron reencarcelados el mismo día en que el entonces presidente estadounidense Donald Trump recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó en la Casa Blanca.
Se les concedió nuevamente el arresto domiciliario en abril pasado, pero ese acuerdo finalizó el 16 de octubre, el mismo día en que el empresario Alex Saab, aliado cercano de Maduro, fue extraditado desde la nación africana de Cabo Verde hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero.
El sistema judicial de Venezuela está repleto de funcionarios simpatizantes de Maduro que frecuentemente emiten decretos que se apegan a las posturas del presidente.