PDVSA estaría buscando usar criptomonedas como bitcoin (BTC) y ether (ETH) para honrar sus deudas. Se trata de una acción que formaría parte de una estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.
El hecho de recurrir a las criptomonedas como mecanismo de evasión no es nuevo, pues el carácter descentralizado de este tipo de activo lo ha convertido en objeto apetecible para el manejo económico de muchos otros gobiernos, también sometidos a sanciones internacionales.
Irán, China y Rusia destacan como los ejemplos claros de ello. Junto a Venezuela, estos países apuestan por la tecnología asociada a blockchain como un medio de eludir las sanciones y contrarrestar el poder financiero de Estados Unidos.
Esta es la razón que subyace en los planes relacionados con las criptomonedas que cada uno de estos gobiernos viene desarrollando en los últimos años, aunque en este proceso son claras las contradicciones.
El elemento contradictorio más común que se observa en estas economías, es el hecho de que mientras, por un lado ponen restricciones al libre devenir del mercado de criptoactivos (tal como ocurre en Irán y China), por el otro promulgan leyes y decretos que parecen facilitar el manejo de las criptomonedas, sobre todo a nivel gubernamental.
De esta forma, el doble discurso se presenta en China, cuando se restringe el comercio criptomonedas mientras el gobierno avanza en el desarrollo de una stablecoin. Lo mismo ocurre en Irán cuando se establece que las criptomonedas son ilegales y luego se sanciona un proyecto de ley aprobando una legislación que formalmente creará una nueva industria de minería.
En este aspecto, Venezuela quizás ha sido uno de los países con menos restricciones legales y con más aparentes directrices legales a favor de la adopción. Algo palpable a través de las promesas engañosas relacionadas con el Petro (PTR), supuesto criptoactivo creado como parte de la táctica evasiva.
Así, detrás de las bambalinas publicitarias que aseguraban promover el uso de criptomonedas en Venezuela se evidenció que el real interés del gobierno no era facilitar a los ciudadanos el manejo de dinero descentralizado, sino permitirse la realización de movimientos económicos fuera del control estadounidense.
La verdadera adopción
Por estas razones, una decisión que podría ser plausible al promover la adopción de los criptoactivos, se transforma en una circunstancia cuestionable que, de paso, ayuda a reforzar la creencia errada que establece vínculos entre criptomonedas y acciones delictivas.
En ese sentido, uno de los hechos más llamativos de la reciente noticia venezolana es que se diga que el Banco Central de Venezuela (BCV) ya está realizando pruebas internas para determinar la factibilidad de manejar criptomonedas, planeando incluso contabilizar criptoactivos como parte de sus reservas.
Este dato, que en otro contexto sería visto como un avance positivo para fomentar un mayor uso de las criptomonedas, se ve como una forma negativa de adopción. Por ello, el hecho es calificado por Bloomberg como un plan «desesperado» del régimen de Maduro, debido a los pocos avances logrados con el PTR.
Otro hecho que también se pone de relieve con esta información es que los entes gubernamentales de Venezuela manejan granjas de minería. Se supone entonces que la principal empresa petrolera del país suramericano posee criptoactivos derivados del proceso minero, realizado tal vez en detrimento de sus funciones esenciales. Basta con revisar lo que explican analistas, como el economista Domingo Sifontes, sobre la crítica situación de la empresa.
Se dice además que la intención de PDVSA es transferir sus haberes en criptomonedas al BCV. Esto, en virtud de que la petrolera no podría ofrecerlas en el mercado abierto, porque tendría que registrarse en una casa de cambio y atenerse a sus reglas. Se ratifica así el intento de eludir sanciones y normas internacionales utilizando otra vez el lema de la adopción de criptomonedas.
Aun así, existe un resultado rescatable en esta estrategia evasiva: la verdadera adopción. Independientemente de las sanciones internacionales, de las regulaciones, medidas restrictivas o de las promesas engañosas de los gobiernos, los ciudadanos siguen optando por las criptomonedas como alternativa monetaria, siendo la principal de ellas bitcoin.
