El órgano legislativo salvadoreño aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional en sesión rápida convocada por el presidente del Congreso, Mario Ponce.
Antilavadodedinero / Telemundo
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes su veto a una ley aprobada anteriormente por la Asamblea Legislativa sobre los crímenes cometidos en la guerra civil que ocurrió en el país entre 1980 y 1992. A su juicio, la norma es “una simple amnistía para desaparecer las penas para los que cometieron crímenes de guerra” y, por lo tanto, inconstitucional.
El órgano legislativo salvadoreño aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional el pasado miércoles, en una sesión rápida convocada sorpresivamente ese mismo día por el presidente del Congreso, Mario Ponce.
La ley vetada establece que es aplicable a toda persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra «constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario» durante el conflicto interno. En uno de sus artículos, indica que a las personas condenadas por esos crímenes se les podrá conmutar la sentencia por «razones de salud, edad o similares, independientemente de la pena».
Bukele dijo en ese momento que no sancionaría ninguna norma que no contenga tres elementos fundamentales: “verdad, reparación y justicia”. En calidad de presidente de la República, una ley tiene que ser sancionada por él para que entre en vigencia.
“Es un fraude de ley desde su nombre, porque es una simple amnistía”, dijo el viernes en rueda de prensa. “Es una impunidad de facto. Esto no es solo inconstitucional, sino que además viola acuerdos y tratados internacionales”, agregó el mandatario.
En la guerra civil de El Salvador, que se produjo entre el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército gubernamental, financiado por los Estados Unidos, dejó en 12 años 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.
Uno de los artículos de la ley de reconciliación criticados por el presidente es el 67, que señala que «el juez podrá reducir a la cuarta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas y si la persona cumple con los siguientes requisitos: reconozca expresamente su grado de participación en un hecho, pida perdón, colabore con el esclarecimiento de hechos y ayude a ubicar el paradero de víctimas».
La ley fue aprobada con el respaldo de 44 diputados, de 58 presentes. 13 parlamentarios votaron en contra y uno se abstuvo. Los 23 parlamentarios del FMLN, ahora convertido en un partido político, se mantuvieron en silencio; no la apoyaron, pero no la rechazaron tampoco.
Tras el veto presidencial, volverá a la Asamblea Legislativa, donde podrá producirse una nueva votación que tendrá que cerrarse con 56 votos a favor para que el veto se considere superado.
El presidente del Congreso, Mario Ponce, defendió la aprobación de la ley porque aseguró que cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional en cuanto a reparación de las víctimas y la penalización de los crímenes de lesa humanidad. “Voté por esta ley a pesar de que tiene imperfecciones”, manifestó a su vez el diputado Raúl Beltrán del partido conservador Concertación Nacional.
Por su lado, Jorge Schafik Handal, diputado del FMLN, dijo en su cuenta oficial de Twitter que su partido no votó para aprobar la ley “porque deja una ventana abierta para que exista amnistía”
“Esta ley ya fue vetada, y si no hay votos para superar el veto, esa ley se va al archivo y entonces hay que crear una ley común, ya no sería justicia transicional y esa nueva ley será más drástica”, agregó.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó a la Asamblea Legislativa crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia.
