Fue uno de los más importantes casos de corrupción que sacudieron al menemismo. Se descubrió una organización que lavaba dinero del narcotráfico internacional en la Argentina.
Por Inforbae/AL
Carlos Menem era el presidente y su cuñada Amira Yoma, la secretaria de Audiencias de la Casa Rosada. Era ella quien tenía la llave para las reuniones personales con el mandatario. Era la hermana de Zulema Yoma, madre de dos hijos de quien fuera jefe de Estado entre 1989 y 1999. Y a Amira Yoma se la vinculó al esquema de lavado de dinero en la Argentina.
Lejtman recordó cómo fue que se enteraron de la noticia de la investigación judicial por lavado de dólares del narcotráfico que involucraba a la cuñada del presidente de la Nación, Juan Carlos Arlgañaraz.
La secretaria privada del presidente Carlos Menem, aparecía supuestamente involucrada en una banda que transportaba y lavaba dinero sucio del narcotráfico. Junto a Yoma estaba su marido Ibrahim al Ibrahim y Mario Caserta, un puntero de Lanús que Menem colocó en un puesto menor de la administración pública.
Lejtman resumió el Yomagate de la siguiente manera: ”Amira Yoma fue acusada de integrar una banda internacional de lavado de dólares sucios del narcotráfico que operaba en Europa, África y América Latina. Junto a Yoma, que al momento de iniciarse la pesquisa era cuñada del presidente Carlos Menem y su secretaria privada, estaba su hermano Emir, su esposo Ibrahim al Ibrahim y el puntero peronista Mario Caserta.
El caso había comenzado con la confesión del contador de la banda Andrés Cruz Iglesias quien había declarado que las valijas Samsonite con dinero proveniente del narcotráfico “era ingresado a la Argentina por el aeropuerto de Buenos Aires -Ezeiza- a través de Ibrahim, sindicado por el arrepentido como “jefe de aduanas del aeropuerto”.
La condena contra Mario Caserta y otros de los imputados fue firmada por el ex juez federal y ex camarista federal Jorge Luis Ballestero en septiembre de 2003. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y cinco hechos de introducción de dinero proveniente del narcotráfico. Varios inmuebles comprados con el producto del lavado de dinero y afectados a la causa fueron decomisados entonces y continúan bajo administración judicial.
Entre los bienes decomisados por Ballestero hace más de 16 años se hallan varias casas lujosas ubicadas en la zona Norte del conurbano bonaerense. Una situada en la calle Alvear al 800 en San Isidro. Otra en Montes Grandes al 1200, Acassuso y la tercera en Lavalle 2000 de Martínez.
En 2015 el juez Ariel Lijo, a cargo del juzgado donde en los 90 quedó radicada la causa, dictó el sobreseimiento por prescripción para Ibrahim al Ibrahim, Cruz Iglesias y otros de los imputados que estaban prófugos y se presume fuera del país.
Desde que el Poder Judicial embargó primero, y decomisó después los bienes del Caso Yoma, hubo cuatro administradores judiciales a cargo. El último fue designado en 2011 y entre sus tareas, por las que cobra, tiene la obligación de presentar informes sobre el estado de los bienes, realiza los contratos de alquiler, cobra y rinde mensualmente ese dinero.
En julio de 2014 los bienes decomisados quedaron en manos de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición de bienes afectados a causas de droga. Esa comisión está integrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). En 2018 los bienes fueron puestos nuevamente a disposición de la Comisión.
