El Ejecutivo propone penas desde los 6 meses hasta los 25 años de cárcel, además de multas, para quienes cometan actos de corrupción en contratos de emergencia.
Antilavadodedinero / elcomercio.com
El Ejecutivo propone penas desde los 6 meses hasta los 25 años de cárcel, además de multas, para quienes cometan actos de corrupción en contratos de emergencia.
Así consta en el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se compone de tres artículos y que incluye siete disposiciones generales para modificar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La propuesta tipifica la elusión de procedimientos pre-contractuales y contractuales en emergencia, que será sancionada cuando esta declaratoria no tenga sustento, haya sobreprecios, cuando se adquieran bienes o servicios que no tengan relación directa con esta condición, o se impidan las acciones de control gubernamental.
«Si la infracción se cometiera durante la vigencia del estado de excepción, se aplicará el máximo de la pena establecida para cada caso», añade la propuesta y puntualiza que también derivará en inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, señala que el proveedor que haya incurrido en sobreprecios para los bienes y servicios que se contraten por las instituciones del Estado «será sancionado con la mitad de la pena privativa de la libertad prevista para el servidor público y la multa establecida para cada tipo de contratación según el monto. Así mismo, se aplicará la inhabilitación para contratar con el Estado».
El proyecto contempla que el fiscal a cargo de una investigación de este tipo «deberá solicitar obligatoriamente al juzgador, se disponga como medida cautelar la suspensión de la contratación que se encontrare en curso».
Contratación pública
Entre las reformas a la Ley de Contratación Pública, se busca tipificar la colusión, discrecionalidad, recurrencia en contrataciones. Además, se incluyen parámetros para la declaratoria y contrataciones de emergencia.
El documento fue difundido la noche del martes 26 de mayo entre los legisladores y para su trámite deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura. La propuesta fue entregada por el presidente Lenín Moreno con fecha 24 de mayo, el día del Informe a la Nación.
Entre los motivos refiere a que las compras por la emergencia derivada del covid-19 «lamentablemente se ha visto empañada por vergonzosos y reprochables actos de corrupción que no pueden repetirse nunca más».
‘Perfeccionar la ley’
En este sentido, en una entrevista radial días atrás el contralor, Pablo Celi, había argumentado que era necesario «perfeccionar el marco normativo en lo que tiene que ver con todo el sistema de uso de recursos del Estado».
«Hay que revisar las normas que rigen los regímenes especiales, particularmente, el giro especial de negocios que es uno de los mecanismos a través de los cuales se han producido mayores ilícitos», dijo.
