Las operaciones fantasmas que realizaron ascienden a USD 275 millones. La Fiscalía los formalizó por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
A fines de la semana pasada, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brilac) allanó 86 domicilios a lo largo y ancho del país, en el marco de una indagatoria liderada por el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Baeza. Según información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la diligencia terminó con la detención de 55 empresarios, quienes se confabularon para emitir más de 100 mil facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.
Dichas operaciones les permitieron defraudar al Fisco la suma de $240 mil millones (US$275), convirtiéndose de inmediato en el fraude tributario más grande en la historia de Chile. De ahí que también se indague el lavado de los dineros provenientes de la monumental estafa.
Todo se inició tras querellas de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos (SII), y fue este último organismo el que detectó -a través de su Área de Litigación Penal-, distintos movimientos sospechosos de similares características que compartían los mismos proveedores o emisores tributarios falsos. Dichos delitos ocurrieron en ciudades como Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otras.
Los imputados
Los empresarios detenidos son todos chilenos, aunque ninguno reconocido a nivel público. Las compañías que crearon, de tamaño mediano, eran de diversos rubros como la construcción y servicios. El megafraude abarca sólo al territorio nacional, ya que no se han detectado, al menos por ahora, operaciones en el exterior.
El artilugio ideado les permitió, por la vía de declaraciones maliciosas, disminuir irregularmente su carga tributaria. Esto, tanto respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a la Renta.
Por si fuera poco, las pesquisas también establecieron que algunas de las sociedades receptoras de las facturas falsas obtuvieron devoluciones de impuestos que no les correspondían por concepto de IVA exportador.
Según antecedentes de la investigación, entre los implicados figura Juan Galaz Rojas, representante legal de la Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora Yahveh SpA. En este caso, el servicio ya había presentado querellas contra él y contra los facilitadores.
Otro cabecilla sería José Antonio Pávez Canessa, quien, de acuerdo a la indagatoria, usó datos personales falsos de terceros para constituir al menos 16 sociedades. A través de ellas, emitió facturas con operaciones comerciales inexistentes que le permitieron evadir impuestos por $56 mil millones.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XAAHQUZI3NFJBGOQHD2X2JRKXM.jpg%20420w)
En total,se recuperaron cerca de $27.000 millones (US$31 millones), sin considerar los saldos en las cuentas bancarias.
Prisión preventiva
Esta mañana, el Ministerio Público solicitó aplicar la prisión preventiva a 26 de los 55 empresarios que serán formalizados a lo largo de la jornada en el Centro de Justicia, quienes serían los líderes y colaboradores de los siete clanes que efectuaron estas operaciones.
La audiencia se centró en los 13 participantes del denominado “clan Canessa”, una de las seis agrupaciones que son investigadas por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Para el martes en la tarde o miércoles en la mañana quedó la lectura de las medidas cautelares.
El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Barraza, indicó que “obviamente las defensas tienen todo el derecho de hacer las alegaciones que estimen pertinentes. No nos extraña como Fiscalía que pidan medidas cautelares de menor intensidad. Lo importante para nosotros es que creemos que estamos, por el momento, acreditando de manera certera y con antecedentes fundados la existencia de los delitos de la participación”.
“Esperamos que el tribunal coincida con nuestros criterios y decrete las prisiones preventivas, pero eso es algo que obviamente va a resolver el tribunal probablemente mañana”, agregó el persecutor.
Autos, armas y drogas
También durante esta mañana, Sergio Muñoz, director General de la PDI, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, y Ángel Valencia, Fiscal Nacional, dieron más detalles sobre el mayor fraude tributario de la historia del país.
Según informaron, desde el 2015 a la fecha, los involucrados crearon cerca de 100 empresas que emitieron 100 mil facturas falsas a más de 3.300 contribuyentes.
En total, se recuperaron cerca de $27.000 millones (US$31 millones), sin considerar los saldos en las cuentas bancarias
Entre las especies incautadas se cuentan más de $30 millones en dinero efectivo (US$35 mil); 22 vehículos de alta gama y 343 autos con prohibición de ser vendidos; 18 armas cortas (pistolas, revólver, otros); 3.968 cartuchos de diverso calibre y 1 chaleco antibalas; siete pistolas y cinco armas largas (fusil y escopeta).
También fueron decomisados más de medio kilo de marihuana, además de joyas, relojes y otras especies de alto valor.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, detalló que “la persecución del patrimonio permite desarticular organizaciones criminales. Lo que aquí ha habido es persecución del lavado de activos, persecución del patrimonio, y es muy importante para el país fortalecer esta estrategia que permite desarticular este tipo de organizaciones criminales”.
Además, afirmó que “vamos a seguir yendo no solo por peces pequeños, sino también por los peces grandes”.
100 veces el Caso Penta
Con el fin de ilustrar la dimensión del fraude, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, lo comparó con los casos tributarios más grandes acontecidos en Chile.
“Hay varias maneras de ver la magnitud de esta operación, pero si uno mira el número de documentos tributarios falsos que se utilizan, en el caso PENTA, por ejemplo, más menos se utilizaron mil documentos tributarios falsos; en el caso Factop, del señor Sauer, el Servicio de Impuestos Internos se ha querellado por casi diez mil; y en este caso, en el caso tributos, el número total de documentación falsa que se habría originado es de 100 mil. O sea, 100 veces el caso PENTA”, indicó.
Respecto al modus operandi utilizado para evadir impuestos, Gajardo explicó que “se trata de actividad organizada de un grupo de personas que lo primero que hacen es crear sociedades con palos blancos, con gente que no tiene gran actividad económica y a partir de esas sociedades, generar facturas ideológicamente falsas que se iban vendiendo a otras empresas que sí tienen existencia real, con la que ellos dejaban de pagar tributos”, explicó.
