La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años.
Se abrió una investigación por “cleptocracia”; el detonante fueron los inmuebles de Daniel Muñoz, pero podría ampliarse a otros acusados en la causa; ya envió al país a un agente especializado para indagar, según informan desde el portal Minuto de Cierre de Argentina.
La investigación registra como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones dólares, como mínimo, en Estados Unidos.
Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades. La investigación quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que empujan un “proyecto” de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.
Definida por la Real Academia Española (RAE) como el “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”, el Departamento de Justicia incluyó en esa iniciativa contra la cleptocracia su pesquisa sobre Muñoz y, por derivación, sobre los Kirchner, aunque podría abarcar a otros acusados en la causa de los cuadernos.
Esa decisión implicó en la práctica el despliegue de investigadores en varios puntos de Estados Unidos durante los últimos meses, como también en la Argentina, adonde al menos un agente del FBI viajó para obtener datos y
reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo, a mediados del mes pasado. Ese agente, Jared Randall, pasó por Buenos Aires, donde se reunió con funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los ministerios nacionales de Justicia y de Seguridad, a los que preguntó sobre Muñoz y el entramado de personas y sociedades que comenzó a salir a la luz con la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016.
Randall también requirió información precisa sobre otras derivaciones de los “cuadernos de la corrupción”, sobre las empresas involucradas y los empresarios, ex funcionarios y financistas que se acogieron al régimen de “imputados colaboradores”, es decir, como “arrepentidos”.Involucrado en investigaciones sobre el crimen organizado en Colombia, la mafia rusa y el escándalo conocido como “FIFAgate” -investigación de alcance global que él lideró-, Randall preguntó, entre otros, por Elizabeth Ortiz Municoy, la primera mujer que se convirtió en arrepentida.
Ortiz Municoy figuró junto a su entonces esposo, Sergio Todisco, como titular de las sociedades offshore que se utilizaron para sacar unos US$70 millones de la Argentina e invertirlos en inmuebles en Miami y Nueva York. Y son esas inversiones en la isla de Manhattan las que dispararon la preocupación estadounidense, ya que no saltaron las alarmas antilavado previstas, según coincidieron dos interlocutores del FBI
El agente Randall se sumó así a otros dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que viajaron durante los últimos meses a la Argentina para indagar sobre las evidencias de corrupción argentina que pueden registrar consecuencias judiciales y administrativas en su país.
En noviembre pasado, un emisario de la Comisión de Valores (SEC, en inglés) y otro del Departamento de Justicia mantuvieron múltiples reuniones en Buenos Aires. Entre otras, con los investigadores a cargo de la pesquisa que comenzó con las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno y con los fiscales locales que tramitan dos expedientes sobre Techint.
Esos emisarios aterrizaron en Ezeiza con un objetivo formal: participar en un evento sobre “soborno transnacional” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Pero en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como “ADR”. En todos los casos, porque podrían quedar sujetas en Estados Unidos a la llamada “ley de prácticas corruptas en el extranjero” (FCPA, en inglés).
Cerro Dragón y FIFAgate
La segunda, sobre la situación procesal de dos empresarios argentinos, Hugo y Mariano Jinkis, cuya extradición reclama Estados Unidos, pero que fue rechazada por el juez federal Claudio Bonadio en 2016.
En el caso de Cerro Dragón, Randall sorprendió a varios interlocutores locales, entre otros motivos porque la SEC desarrolló su propia investigación, que tras varios años dio por concluida el 23 de mayo de 2017, sin recomendar acciones contra la empresa de los Bulgheroni, Panamerican Energy (PAE), según le notificó a la firma mediante una “carta de terminación”.
La investigación local sobre Cerro Dragón tampoco registró avances, al punto de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a todos los acusados con la aquiescencia del fiscal federal Guillermo Marijuan. Más previsible fue el interés de Randall por los Jinkis. Él inició y coordinó la investigación de alcance mundial conocida como “FIFAgate”, que acumula 40 procesamientos, 20 condenas negociadas con los fiscales y activos confiscados por más de u$4 250 millones, según se ufana el propio agente en su página de Linkedin. Pero hurgó sobre un eje inesperado: sus hipotéticos vínculos con un ex ministro del kirchnerismo.
En esos y en cualquier otro caso que tomen entre sus manos, los agentes de la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars) del FBI cuentan con una ventaja sustantiva para avanzar. Pueden actuar de manera preventiva y colocar bajo custodia los activos bajo sospecha en paralelo a las acciones judiciales que se tramiten para solicitar condenas penales y multas millonarias.
ALD/ICN
