Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude de más de 7 millones de euros a la Seguridad Social en la provincia de Castellón, en una operación que se ha saldado con 18 personas detenidas y 12 más investigadas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
En total, según ha informado la Policía en un comunicado, se ha investigado a 74 empresas dedicadas a actividades «muy diversas», la mayoría de ellas serían sociedades pantalla con las que pretendían ocultar sus beneficios. Los administradores de las empresas procuraban llevar un nivel vida «de lo más normal» para «no levantar sospechas entre sus vecinos».
La operación, bajo el nombre de ‘Porto’, ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objetivo de descubrir el fraude a la Seguridad Social en diversos sectores de actividad comercial como la hostelería, construcción, imprenta, papelería, costura y arreglos de ropa, mecánica de vehículos, compra venta de materiales galvanizados o chatarra.
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de enero tras recibir diferentes denuncias por posibles ilícitos contra la Seguridad Social cometidos en la provincia de Castellón. Tras diversas gestiones, los agentes llevaron a cabo la investigación de 178 personas, de las que 18 resultaron finalmente arrestadas y 12 más investigadas no detenidas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
Asimismo, los investigadores también descubrieron que desde 2008 hasta la fecha se ha generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 7.092.772,43 euros. Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las aspiraciones de cobro de sus acreedores, los investigados creaban en unos casos grupos fraudulentos de empresas y, en otros, sociedades patrimoniales a las que transferían las ganancias de las empresas deudoras con lo que ocultaban su verdadero balance económico.
DIEZ ASUNTOS CON MÚLTIPLES SOCIEDADES
En el conjunto de los diez casos se ha investigado a un total de 74 empresas, muchas de las cuales carecían de actividad y únicamente se habían creado para desviar la contabilidad de las compañías deudoras con el fin de que los organismos de la Seguridad Social, encargados de perseguir el fraude, no descubrieran la trama creada.
Así, mientras que unas sociedades generaban la deuda, ya que en ellas estaban dados de alta los trabajadores, otras del mismo grupo, sin deuda y sin trabajadores, eran las que figuraban en el entramado económico, razón por la que los acreedores desconocían la verdadera situación financiera de la mercantil.
De esta forma, se daba el caso de que en una de las investigaciones en la que constaba una sola empresa deudora, la realidad era que habían constituido un grupo empresarial con 12 sociedades distintas, con variadas actividades no relacionadas entre sí, que había generado deudas a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor superior a los 505.749,11 euros.
UNA FAMILIA DEDICADA A NO PAGAR
En otra de las investigaciones, el cabeza de familia había creado un entramado empresarial dedicado a la construcción de edificios residenciales, gestión de la propiedad, reparación de vehículos y comercio al por mayor de chatarra, entre otros, del que había hecho partícipe a toda la familia.
El ánimo defraudatorio de este empresario comenzó el día que dio de alta a su primer trabajador en el año 2008 «sin efectuar en ningún momento el ingreso de las cuotas obreras, que sí le había detraído a los trabajadores como está obligado por ley para su ingreso a la Tesorería General de la Seguridad Social».
En este caso, existió «una continuidad en el tiempo en el impago de cotizaciones hasta la actualidad». La deuda generada por las empresas investigadas en este expediente y por el propio empresario en su vertiente de autónomo ha supuesto un perjuicio a la Seguridad Social de 1.552.927,46 euros.
ALD/EP
