Con una amplia proporción de la economía en negro y laxos controles aduaneros, la Triple Frontera corre el riesgo de convertirse en un miniestado dominado por el narcotráfico y el crimen organizado. Por Mariano Roca.
Los ingresos de las organizaciones narcocriminales en la Triple Frontera, donde el 70 % de las actividades se manejan en efectivo y no pagan ningún tipo de impuesto, rondarían los 43.000 millones de dólares anuales, según cálculos del Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO).
No hay que perder de vista que se trata de un punto estratégico de tránsito de la droga, particularmente de la marihuana producida en Paraguay y de la cocaína que se produce en Bolivia y Perú, y que tienen como destino el territorio brasileño. Esa logística criminal termina con el embarque de la droga en el puerto de Santos, uno de los más activos de América Latina, hasta el cual llega el accionar de las mafias narcocriminales brasileñas, entre las cuales se destaca el Primeiro Comando da Capital (PCC), que obtiene buena parte de sus ingresos con esta actividad.
Puerto de Santos, hacia él converge la droga que lega de la triple frontera dominado por bandas narcocriminales brasileñas como el PCC.
La inteligencia policial brasileña calcula la facturación total de este grupo en torno a los 400 millones de reales anuales, que equivalen a más de 100 millones de dólares, para lo cual utiliza un sofisticado esquema de «lavado de dinero».
Así lo ha denunciado el fiscal Lincoln Gakiya, miembro del Grupo Especial de Combate contra el Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de San Pablo, quien no ha dudado en definir al PCC como «la mayor organización criminal de América del Sur en términos numéricos y de movimiento financiero».
El PCC brasileño es considerado por la Fiscalía de San Pablo como la mayor organización criminal de América del Sur.
Los tentáculos de esta organización narcocriminal brasileña también está sacudiendo al vecino Paraguay. «La presencia del PCC en departamentos como Canindeyú y Amambay es esencial para explicar la violencia registrada en el noreste paraguayo.
Una prueba de la actuación del PCC en la zona es el envío de remesas desde Pedro Juan Caballero hacia distintos bancos ubicados en territorio brasileño», advierten los investigadores Juan Solís Delgadillo, Sarah Cerna Villagra y Carlos Peris Castiglioni en su estudio titulado «¿Qué explica la violencia letal en Paraguay?», publicado por la revista Perfiles Latinoamericanos, de Flacso México.
En la triple frontera el 70 por ciento de las actividades comerciales se manejan en efectivo y no pagan impuestos. Fotos: Archivo DEF.
Más allá de la droga, uno de los negocios más lucrativos es el contrabando de cigarrillos, considerado como «la punta de un iceberg criminal mucho más grande que se encuentra por debajo de la línea de flotación y que tiene un grave impacto en la política gobernanza, seguridad ciudadana y desarrollo económico en la región», según explican Vanesa Nuemann y Stuart Page en su informe «Las numerosas cabezas criminales de la Hidra Dorada», publicado por Asymmetrica y el Counter Extremism Project.
«Esto tiene una explicación muy sencilla: la asimetría de los valores entre el producto legal que circula en la República Argentina y en la República Federativa de Brasil y el que tiene en la República del Paraguay», señaló a DEF el juez federal de Eldorado (Misiones), Miguel Ángel Guerrero, que participó hace un par de semanas del lanzamiento del Hemisphere Security Network (HSN).
La narcocriminalidad se nutre también del tráfico de armas a través de la frontera.
En Paraguay, sin embargo, el mayor dolor de cabeza es el que plantea el accionar del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización surgida en 2008 pero cuyos orígenes se remontan a comienzos de la década pasada, cuando, bajo la cobertura legal del entonces Partido Patria Libre (PPL), dio un golpe de gran repercusión con el secuestro de la esposa del empresario Antonio Debernardi, liberada luego del pago del rescate.
A esa primera acción, perpetrada en 2002, seguiría el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau, en 2004. En la actualidad, tal como explicó a DEF la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, «el grupo sigue practicando secuestros extorsivos, pero no siempre los ciudadanos que son objeto de estos secuestros hacen la denuncia o lo quieren dar a conocer por temor a las represalias».
El asalto de 2017 contra una base logística de Prosegur afianzaria la hipótesis de la existencia de vínculos entre el EPP y el PCC. Foto: Archivo DEF.
Existen, además, fuertes sospechas de la existencia de vínculos entre el EPP y el PCC brasileño. Al ser consultada sobre el accionar del PCC en territorio paraguayo, la fiscal general Quiñónez explicó: «Elementos del grupo ingresan al territorio paraguayo, cometen hechos punibles y luego vuelven a Brasil. Hemos tenido mucha cooperación por parte de Brasil y hemos podido obtener la captura de varios de ellos. Una vez detenidos, o bien se los expulsa, o son extraditados».
La acción más sonada de los últimos años fue el comando perpetrado el 24 de abril de 2017 contra una base logística de la empresa Prosegur, ubicada en Ciudad del Este, operativo bautizado en Paraguay como «el robo del siglo». En la cinematográfica operación, actuaron más de 50 personas armadas con fusiles, dinamita, miras láser y equipos de visión nocturna, que pusieron en jaque a las fuerzas de seguridad.
La narcocriminalidad, que se nutre también del tráfico de armas, se está convirtiendo en el mayor dolor de cabeza para los gobiernos del Cono Sur, que ven cómo sus territorios corren el riesgo de convertirse en campo fértil de estas mafias transnacionales.
ALD/Infobae
