El operador fue un colombiano naturalizado mexicano, un tipo autodidacta en metalurgia y en otras artes del narco. Embarcó dos toneladas de cocaína líquida.
Acondicionó dos transformadores eléctricos para inyectar en sus cavidades metálicas un líquido viscoso que dio positivo como sustancia prohibida que fue incautada cuando llegó a su destino, en Puerto Progreso, Yucatán. Así concluía uno más de los episodios en que traficantes mexicanos aparecen en la escena internacional.
Buenos Aires fue en este caso la plaza de embarque y Argentina, su conexión mexicana. Han traficado con efedrina, han ido de compras a zonas residenciales exclusivas de Buenos Aires, han vivido con otra identidad y se han hecho de socios locales.
César Cornejo Miranda, un hombre de más de 40 años, fue sentenciado el 1 de diciembre de 2016 a 12 años en prisión por la operación ilegal de los armatostes y por tentativa de homicidio a un cabo de la Gendarmería que intentaba arrestarlo el 28 de abril de 2014 en el barrio bonaerense de Belgrano.
Una jueza de San Isidro, una localidad conurbada a Buenos Aires, logró el decomiso del cargamento en colaboración con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la detención simultánea de otra periférica pieza del conglomerado bonaerense..
El minucioso trabajo para el montaje de la droga permitió que los transformadores superaran todos los controles aduaneros implementados en Argentina y en México, después de pasar por rayos X, Gamma y controles caninos. “Hubo participación de funcionarios policiales de jerarquía y operadores de aduana” en Argentina, precisó Arroyo Salgado.
Si se acepta como definición de cártel aquella organización que produce, trafica y blanquea ingresos por venta internacional de drogas, Argentina no cuenta. La organización más articulada es la de Los Monos, que las autoridades de Santa Fe dieron por anulada en 2015.
“Argentina ya no resulta ser solo un ‘punto estratégico de paso’ entre los productores de droga, México, Colombia, Bolivia, y el continente europeo”, escribió la jueza. “Por el contrario, las pruebas reunidas en esta pesquisa ponen de manifiesto la presencia de cárteles de injerencia internacional que han elegido deliberadamente el territorio de nuestro país”.
El caso de Esteban Ibar Pérez Corradi, un empresario argentino de la industria farmacéutica, es un precedente en la conexión argentino-mexicana. El 13 de noviembre pasado fue sentenciado a siete años de cárcel por la venta ilegal de 19 toneladas de efedrina a narcotraficantes vinculados a cárteles mexicanos, que entre 2004 y 2008 la convirtieron en drogas sintéticas para distribuir en Estados Unidos, principalmente.
Ya se había disipado el ruido ocasionado en 2001 por otro escándalo protagonizado por los aliados argentinos de narcos mexicanos. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos informó entonces que el cártel de Juárez transfirió 11 millones de dólares a Argentina en 1999, año de elecciones presidenciales, a través del Citibank y con destino a una compañía financiera argentina llamada Mercado Abierto.
Hacia adelante, la administración del presidente Mauricio Macri prevé que las organizaciones extranjeras tendrán más dificultades para hacer negocios en el sur. La Argentina, afirmó en una entrevista el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, brazo derecho de la ministra Bullrich, “se transformó en una plaza, realmente hostil para los cárteles internacionales, que tanto daño le han hecho a Colombia y a México”.
ALD/Ejecentral
