El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha levantado el secreto del sumario que pesaba sobre ‘Pit‘, la pieza número 4 del caso Tándem.
Esta investiga el proyecto del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.
Según informan en fuentes jurídicas a Europa Press, el juez ha adoptado esta medida en ciernes del vencimiento del secreto este martes y a la vista de que Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que las actuaciones en esta pieza.
También abarca la investigación de la justicia guatemalteca sobre Ángel Pérez Maura que motivó la petición de extradición, dejen de ser secretas.
Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura en el año 2016 acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país, incluido el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
Según la tesis de los investigadores, en abril de aquel año los Pérez Maura recurrieron a un abogado de su confianza, Enrique Maestre, para que intentase buscar una solución.
Él acudió a Adrián De La Joya, ya conocido en la Audiencia Nacional porque está imputado en el caso de corrupción Lezo y a quien Hacienda describió en un informe como un negociador de la alta sociedad.
Amigo íntimo de Villarejo desde los años 80, recurrió al comisario, que entonces seguía en activo, para que aprovechase, en palabras del juez, la «oportunidad de negocio» por el que ambos se embolsarían «a pachas» una «serie de milloncitos» que pagaría Ángel Pérez Maura.
Este trato sería a cambio de que evitaran su detención y extradición a Guatemala, «a sabiendas de la condición policial» del primero y «de lacapacidad de influencia» de ambos en la Audiencia Nacional.
Los importes según los audios que obran en la causa se fijaron en dos reuniones a finales del mes de abril y también intervino el socio de Villarejo y abogado Rafael Redondo.
Acordaron que De la Joya «participaría directamente de las ganancias obtenidas» y que ostentaría una «posición dominante como negociador principal en la fijación de los honorarios a recibir».
Se trataba de facturar 120.000 euros al mes para gastos de despacho porque habría que «tocar a muchísima gente».
«Esto no se te va a ir nunca más allá de diez millones al éxito, para que lo sepas, porque algo de dinero tendremos que ganar nosotros también porque le vamos a dedicar muchísimo tiempo: ¿Lo tienes claro?», decía Villarejo a De la Joya en una de las conversaciones intervenidas.
«Lo tengo claro. Adelante. Esa conversación la voy a tener así en esos términos», contestaría él.
DOS AÑOS DE PROCEDIMIENTO
La causa abierta en la Audiencia Nacional en 2016 se archivó en dos ocasiones porque Guatemala no remitía los papeles necesarios para cursar la entrega de Pérez-Maura.
En este sentido, el instructor destaca en un auto que De la Joya ostentó «un papel fundamental en la trama internacional tendente a evitar la entrega» y «muy especialmente para evitar el proceso penal en Guatemala, destacando su papel con personas arraigadas en los Estados Unidos«.
El procedimiento se reabrió definitivamente en 2018, cuando Pérez-Maura se negó a ser extraditado y la Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que rechazaba entregarle a Guatemala dada su condición de ciudadano español.
Aunque abría la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban. El caso lo pilotó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Finalmente, las empresas de Villarejo y Redondo se embolsaron 7,4 millones de euros en concepto de retribución por los «ilícitos servicios contratados», un dinero que después se distribuyó «para efectuar pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto ‘Pit’».
«Para el mantenimiento de la estructura societaria investigada (…) o para realizar transferencias a otras cuentas de las mismas sociedades y otras cuyo titular real es Villarejo», según explicaba un auto del juez. Llegó incluso a comprar acciones con aquellos fondos.
Tanto los Pérez Maura como De La Joya, Maestre y el también abogado Francisco Souchieron, que habría intervenido en la parte internacional, fueron detenidos por la policía a instancias de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de mayo y al cabo de tres días.
El instructor les dejó en libertad bajo fianzas que oscilan entre los 200.000 en el caso de los letrados y los 750.000 euros impuestos al naviero y que todos consignaron en los diez días siguientes.
La Fiscalía Anticorrupción, que se ha hecho cargo tanto de esta causa como de la abierta en Guatemala, les imputa delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal.
Este último a De La Joya y Villarejo, quien próximamente será citado en la Audiencia Nacional por este asunto, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Para entonces, las actuaciones ya no serán secretas, por lo que los abogados de todas las partes implicadas podrán asistir al contenido de su declaración.
ALD/Confilegal
