La idea en sí cuenta con un fuerte apoyo en Francia: dotarse de instrumentos que frenen la expansión de expresiones y mensajes en las redes sociales que inciten al odio, ya sea racial, religioso o por género, o incluso a la violencia. La vía para ello, depositando la mayor parte de la responsabilidad de esta tarea en las plataformas de Internet, que entre otros deberán retirar en un máximo de 24 horas contenidos de este tipo de sus webs bajo penas de fuertes multas, suscita sin embargo dudas entre quienes consideran que puede provocar una mayor censura de contenidos. Aun así, la propuesta de ley contra el odio en línea fue aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, expeditando su próxima entrada en vigor.
Basada en el modelo alemán, la medida principal de la ley es la que obliga a plataformas como Facebook o Twitter y motores de búsqueda de Internet de retirar los contenidos “manifiestamente” ilícitos en 24 horas. Si no lo hacen, afrontarán multas de hasta 1,25 millones de euros. Por contenidos ilícitos se entienden incitaciones “al odio o un insulto discriminatorio” por motivo de “raza, de religión, de género, de orientación sexual o por una discapacidad”, según el texto. Aunque Francia obliga ya por ley a retirar estos contenidos, hasta ahora no había un plazo límite para hacerlo.
Las plataformas deberán garantizar una mayor transparencia y cooperación con la justicia, eliminando por ejemplo el anonimato en línea de los usuarios que cometan un delito de odio como el contemplado en esta ley. El conjunto de las medidas y acciones estará controlado por el Consejo Superior Audiovisual (CSA), el organismo que regula los medios audiovisuales en Francia.
La Comisión Nacional de Consulta de los Derechos Humanos (CNCDH), calificó la ley de “inadecuada y desproporcionada” y declaró su preocupación ante los “riesgos” que podría implicar en las libertades fundamentales la norma, especialmente la obligación de retirar contenido que se considere que incita al odio en 24 horas. La CNCDH, una estructura estatal e independiente que vela por la protección y promoción de los derechos humanos en el país, recomienda que le corresponde “solo a un juez valorar el carácter abusivo del ejercicio de la libertad de expresión”
ABC
