Estados Unidos impuso el jueves sanciones económicas contra una red internacional acusada de suministrar equipos para el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, país del que Washington sospecha se quiere dotar de la bomba atómica.
Las sanciones, adoptadas en el marco de la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, se aplican a siete empresas —con sedes en Irán, China y Bélgica— así como a cinco iraníes vinculados con la Compañía de Tecnología Centrífuga de Irán (TESA).
Esta empresa juega un «papel crucial en el programa de enriquecimiento nuclear de uranio por la producción de centrifugadoras» para la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), según un comunicado del Departamento del Tesoro.
«El gobierno estadounidense esta profundamente preocupado por el enriquecimiento de uranio del régimen iraní y de otras actitudes provocadoras, y continuará señalando a todos los que apoyan el programa nuclear iraní», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, citado en el comunicado.
Las empresas forman una red de comercio y de transporte de productos de aluminio necesarios para la fabricación de centrifugadoras utilizadas por OEIA para enriquecer uranio.
Entre ellas se encuentran especialmente la empresa iraní Bakhtar Raad Sepahan —y sus afiliadas— y la china Henan Jiayuan Aluminum Industry.
Según las autoridades estadounidenses esos productos no pueden ser vendidos a Irán sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
En mayo de 2018, el gobierno de Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear internacional firmado con Irán tres años antes.
Luego estableció una serie de sanciones económicas, en el marco de una campaña de «máxima presión» contra Teherán, acusada de desestabilizar la región y de buscar dotarse de la bomba atómica.
En respuesta, Irán comenzó a liberarse de ciertas cláusulas del acuerdo, incluida una sobre el límite de la cantidad de uranio enriquecido que la república islámica puede producir.
Teherán, que siempre ha negado querer tener la bomba, dijo que su objetivo es enriquecer a cerca de un 5% exclusivamente para fines civiles, lejos del 90% necesario para usos militares.
ALD/Eleconomista
