Un grupo de exmilitares salvadoreños, incluidos los principales líderes de las fuerzas armadas, fueron notificados el jueves que serán procesados por nuevos delitos relacionados con la masacre de El Mozote en 1981, en la que murieron 989 campesinos.
Un juzgado de San Francisco Gotera, 168 kilómetros al noreste de la capital, comunicó a 13 de los 17 militares imputados que también serán procesados por los delitos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.
En la audiencia estuvieron presentes el exministro de Defensa y Seguridad Pública, general José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Rafael Flores Lima; y el exjefe de la fuerza aérea, general Juan Rafael Bustillo.
Juan Rafael Bustillo, quien en reiteradas oportunidades se ha declarado inocente, había solicitado al juez no presentarse a la audiencia por temor a ser agredido por los familiares de las víctimas, demanda que fue rechazada.
Los familiares de las víctimas, todos de avanzada edad, portaban carteles exigiendo el fin de la impunidad. Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad, se leía en una de las pancartas. ¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón, ni olvido, se leía en otra.
El juzgado confirmó que incorporó al juicio los dictámenes de peritos especialistas en materia militar, histórico-documental y antropología social que confirmaron el valor de la evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar, desde el más alto nivel, en la consumación de la matanza.
El juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de la guerra civil salvadoreña fueran investigados.
A inicios del juicio en marzo de 2017, Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, pero varios han sido retirados del proceso debido a que ya fallecieron.
En la audiencia el juez notificó al coronel Jesús Gabriel Contreras Alfaro, exjefe de operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada en 1981, que había sido incorporado al proceso como imputado porque considera que existen indicios de su participación en el crimen.
En su defensa, Contreras Alfaro dijo que los delitos que se le atribuyen no fueron en el marco de una guerra regular.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.
Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.
El Informador MX
