La Fiscalía Anticorrupción quiere que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declare como investigada en una pieza del «caso Púnica» en la que se indaga en la supuesta financiación irregular del PP madrileño cuando la ex dirigente popular presidía el Ejecutivo regional.
Así se lo han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del procedimiento, las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez, a la vez que trasladan al magistrado una «reordenación» de las distintas investigaciones derivadas de la «trama Púnica», que pasarían así de 16 a once, una tarea que el propio García Castellón les encomendó el pasado enero para impulsar esta macrocausa en la que están imputados, entre otros, el ex presidente madrileño, Ignacio González, y el que fuera secretario general del PP de Madrid, y vicepresidente regional Francisco Granados.
Anticorrupción solicita la citación de Aguirre precisamente en el marco de una de esas piezas, la 9, en la que se investigan «hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en un informe que el PP madrileño pagó supuestamente casi cinco millones de euros en dinero negro para hacer frente a gastos electorales del partido en la región en las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.
Ahora, será el juez García Castellón quien decida si cita como investigada a Aguirre, como pretende la Fiscalía.
En un comunicado, Anticorrupción explica que el objetivo de dividir la macrocausa en once piezas es «simplificar e impulsar el procedimiento, facilitando las aperturas de juicio oral por los hechos acreditados, que demandan tiempos distintos». Y eso, matiza, «pese a la conexidad existente entre todos los delitos que se investigan, por la existencia de una trama que ha ido tejiendo en el tiempo una tupida red de influencias presuntamente utilizada para obtener beneficios ilícitos».
Entre otros asuntos, en esas piezas se investigan supuestas adjudicaciones fraudulentas en diversos municipios madrileños como Valdemoro, Torrejón de Velasco y Majadahonda y las realizadas a sociedades del considerado «conseguidor» de la trama, Alejandro de Pedro.
ALD/Larazon.es
