El Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto sobre el que planean numerosos casos de corrupción, recibió su primer revés judicial con la prisión preventiva a la exministra Rosario Robles, acusada de tolerar un caudaloso desvío de recursos públicos.
Un juez mexicano decidió someter a proceso a Robles e imponerle prisión preventiva de dos meses en un penal de la Ciudad de México mientras se la investiga después de que la Fiscalía mexicana la acusara de permitir el desvío de 5.000 millones de pesos mexicanos (unos 255,6 millones de dólares).
La audiencia judicial comenzó la semana pasada y se retomó este lunes sobre las 4 p.m., hora local, pero el juez no procesó a la exministra hasta las 6 a.m. de este martes.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo decidió celebrar otra audiencia en dos meses, tiempo que Robles pasará en la prisión de Santa Martha Acatitla, para que la Fiscalía aporte pruebas suficientes y los abogados de la exministra preparen su defensa.
Delgadillo argumentó la prisión preventiva por el riesgo de fuga de Robles, aunque la exministra había sostenido que no disponía de recursos para huir del país.
Tras la decisión del juez, los abogados de Robles defendieron ante la prensa la inocencia de la exministra y calificaron el proceso judicial en su contra de persecución política.
“Estamos ante una persecución, ante una presa política”, declaró el abogado Julio Hernández, quien expresó su “decepción” por la decisión “arbitraria e injusta” del juez.
La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Varios ministerios del Gobierno de Peña Nieto habrían hecho desaparecer recursos por un valor de 7.670 millones de pesos mexicanos (unos 403 millones de dólares) entre 2013 y 2014 a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma.
De acuerdo con la Fiscalía, Robles habría permitido el desvío de 5.000 millones de pesos mexicanos (unos 255,6 millones de dólares) mediante convenios con universidades que contrataban a empresas por servicios que nunca se llevaron a cabo.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó este martes que presentará una nueva denuncia contra Robles al detectarse 105 contratos irregulares por un valor de 800 millones de pesos (40,8 millones de dólares).
Robles fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) durante el mandato del hoy expresidente Enrique Peña Nieto.
También fue jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque en 2012 apoyó la candidatura de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que Robles sea víctima de una persecución política y recordó que la Fiscalía es independiente del Gobierno desde el pasado enero.
“La Fiscalía, el Ministerio Público, tiene autonomía del poder Ejecutivo, antes dependía del presidente”, apuntó el dirigente izquierdista desde Palacio Nacional, y agregó que México debe “acostumbrarse a esta nueva realidad” sin impunidad.
Este es el primer gran revés judicial contra el Gobierno de Peña Nieto, sobre el cual planean diversas acusaciones por corrupción.
Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex), está en paradero desconocido y acusado de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.
El abogado personal de Peña Nieto, Juan Collado, quien oficializó su reciente divorcio de la actriz Angélica Rivera, fue detenido el 9 de julio por presunto lavado de dinero. Mientras que León Trauwitz, encargado de seguridad de Peña Nieto y posteriormente de Pemex, está investigado por presunto robo de combustibles de la petrolera estatal.
Aunque no pesa ninguna investigación abierta contra Peña Nieto, se especula que el expresidente se mudó este verano a España para alejarse del ambiente adverso en México.
López Obrador ha prometido erradicar la corrupción de la administración pública pero ha descartado enjuiciar a sus predecesores al frente de la Presidencia de México.
ALD/Vanguardia
