Las condonaciones se acabaron y la evasión fiscal –cuyos efectos se estiman en una pérdida de 1.6 billones de pesos– se debe equiparar con la delincuencia organizada.
Para ello, una reforma constitucional llegó a mediados de agosto al Congreso de la Unión. Quien tendrá a su cargo litigar desde el Estado para devolver al fisco lo evadido es Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.
En sus oficinas del sur de la Ciudad de México, advierte de un esquema que estaba aceitado para proteger la evasión, una Fiscalía General de la República (FGR) con procedimientos empantanados y un Servicio de Administración Tributaria (SAT) que enviaba expedientes a discreción, así como infiltrados desde la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversos entes del gobierno.
Romero Aranda saca de esa lista a la institución que tiene a su cargo. “Nosotros recibimos la procuraduría caminando (…) es una institución muy limpia dentro de la administración pública federal. No he encontrado aquí ningún tema de corrupción. Sí hallé, sobre todo, muchos procedimientos –no tanto aquí, sino en la Procuraduría General de la República (ahora FGR)– que estaban detenidos. Órdenes de aprehensión que no se habían podido ejecutar. Totalmente suspendidos los procesos”.
–¿Dónde estaba roto el esquema? ¿En el SAT? ¿No llegaban aquí los procedimientos?
–En diversas autoridades. Aquí llegaban muchos asuntos que enviaba el SAT, pero lo que ellos consideraban que era procedente atacar. El esquema de las factureras estuvo protegido por diversas instituciones. No desde aquí. Solicitaban, a lo mejor, devoluciones improcedentes y se autorizaban. O factureras no eran revisadas, o se permitía que una sola persona tuviera 300 empresas. Varias modalidades tuvieron cierta protección.
Explica los cuatro esquemas para ese fraude: “Factureras que se dedican a hacer estafas maestras, desvío de dinero público. Lo meten en sus máquinas de dinero y de defraudación fiscal, y lo llevan a personas en específico”.
Unas más se constituyen para minimizar la carga fiscal. “El tercero es empresas que dan servicio de outsourcing y utilizan el mismo esquema de lavado de dinero y defraudación fiscal que las factureras. El cuarto, dinero que viene del crimen organizado y se lava bajo esos esquemas”.
Sin agregar cuánto se evade en cada uno de los cuatro, apunta: el cálculo que yo tengo es de 500 mil millones de pesos al año.
Romero Aranda retoma un dato conocido: cada tres días se captura a un contribuyente defraudador por un promedio de 11 millones de pesos. Ese dinero no quiere decir que esté ahí. Lo agarramos por ese monto. A final de cuentas, al momento que se le condene, a esa persona se le va a pedir que repare el daño.
–¿Qué tan largos son esos procedimientos?
–Los del sistema anterior son más largos. Los del nuevo, más ágiles. Con la reforma va a ser más fácil reparar el daño. Tienen que devolver. Se está equiparando la delincuencia con la defraudación fiscal, pero a final de cuentas la defraudación fiscal no en todos los supuestos ni en todas las características.
Explica que para considerarse en el supuesto de delincuencia organizada, deben ser tres o más personas que en forma constante y permanente lleven a cabo actividades de defraudación fiscal. Hay factureras, comenta, en las que se ha encontrado hasta mil sujetos involucrados.
A los que venden el producto, si tú les dices me debes un millón de pesos porque ya vimos qué están haciendo aquí, se voltean, te lo pagan y van a seguir haciendo lo mismo. A éstos los queremos en la cárcel. Buscamos matar esas actividades que están haciendo de forma ilícita. Al consumidor del producto (…) no nos interesa tenerlo en la cárcel. Él nos interesa que pague.
Se le consulta entonces si la evasión se anquilosó como práctica empresarial en administraciones pasadas. Contesta con la frase que ya es parte de sus intervenciones públicas: “Se hizo un deporte nacional, porque llegó un momento en que no pasaba nada. Evadías y no te cachaban o evadías y lo podías arreglar. Todo mundo empezó a evadir, tenía factureras y no pasaba nada. Era el mundo al revés”.
Las modificaciones en puerta
–Con la reforma que está en el Congreso, ¿cerrar esa puerta de las condonaciones no quitaría una herramienta al Estado? ¿No le saldría más caro, en algunos casos, perder una empresa que darle esa facilidad?
–Hubo programas de apoyo desde 1995. Que recuerde, el Programa de Apoyo a Deudores del Fisco federal, Programa de Apoyo a Deudores del Fisco uno, el Programa de Apoyo a Deudores del Fisco dos, Cuenta Nueva y Borrón, Decreto de Condonación de Recargos y Multas, el artículo tercero de la Ley de Ingresos de la Federación, que condona 100 por ciento de recargos y multas, y 80 por ciento del principal actualizado. Entonces, eso se prestó a abusos. La condonación iba dirigida a cierto grupo de empresas. El punto era proteger a los de arriba, como dice el Presidente.
El abogado agrega que ahora se busca cerrar el paso a la simulación y a los esquemas históricamente dirigidos. Pone de ejemplo: a una compañía –siempre cercana a los gobiernos en turno– se le condonaban 300 millones de pesos. No hacía público el nombre. La firma estaba protegida por el secreto fiscal.
Sin embargo, Romero Aranda detalla que esa práctica, a prohibir en el artículo 28 de la Constitución, tendrá casos de excepción amparados en el Código Fiscal de la Federación.
Se levanta en medio de la conversación, toma un volumen de pasta negro del librero que ocupa una de las paredes de su despacho –que por lo demás son ventanales, una pintura de Benito Juárez y la carta en la que el Presidente lo nombró procurador fiscal– y lee la excepción: Cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Dispuesto en todo momento a explicar los temas estructurales de defraudación, evade hablar sobre los casos de ex funcionarios públicos ahora investigados.
–La fiscalía ya tiene procesos contra Emilio Lozoya, Rosario Robles. ¿Cómo hace el acompañamiento la procuraduría en esos casos?
–En algunos de esos casos, en los que se identifique que hay defraudación fiscal, tenemos que comenzar procedimientos e investigaciones. Presentar querellas ante la fiscalía para que se investiguen esos delitos. En algunos casos que la fiscalía inicia, a nosotros nos dan vista para que podamos querellarnos sobre esos delitos.
–¿Y ya hay querellas?
–Lo vamos acomodando. En muchos de los casos ya existen.
–¿En esos en particular?
–De esos no puedo hablar, porque tengo sigilo y que guardar un secreto profesional. Aquí hay presunción de inocencia y un principio de debido proceso. Al dar información, violaría el procedimiento.
–Ya con una reforma que se apruebe, ¿qué otros huecos quedarían en la ley para que se puedan colar las mismas prácticas?
–Lo defino muy sencillito: son mafias. Entonces, ahora los vamos a intentar tapar con el esquema que ya tenemos identificado. Pero son como las cucarachas: emigran. Los vamos a bloquear por el momento, pero no sabemos hacia dónde puedan ir.
El abogado resume: Lo que se requiere es una cultura tributaria. Si estamos viendo que se está gastando el presupuesto de manera responsable, tenemos que entender que si no pagamos no hay manera de tener programas sociales, carreteras, inversiones. Cambiar la cultura del no pago por la del pago.
ALD/Jornada
