Solo el 8 % de las investigaciones por delitos de corrupción que se cerraron en 2018 en el país fueron resueltas con condenas contra los responsables.
Esa es una de las conclusiones del análisis realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) sobre el alcance de las investigaciones por casos que comprometen recursos públicos.
El año pasado, en el ente acusador se crearon 11.551 noticias criminales por delitos relacionados con presuntos casos de corrupción, como peculado, concusión, cochecho, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y prevaricato, según cifras de la CEJ.
De todos los procesos, 7.509 terminaron resolviéndose el año pasado –el resto continúan vigentes–. De los casos que concluyeron con una decisión judicial, en 599 hubo condenas y en 113, absoluciones.
No obstante, la mayoría de los procesos cerrados (4.495, para un 60 por ciento de los que se resolvieron) fueron archivados por distintas razones: la conducta denunciada en realidad no está tipificada como delito (85 % de los casos), mientras que en un 8 % no se pudo comprobar la existencia del hecho o no se pudo establecer el responsable (2 %) o las víctimas del hecho (1 %). En solo 9 casos (0,1 %) prescribió la investigación.
Estas cifras se conocen luego de tres años de la puesta en marcha de la estrategia Bolsillos de Cristal, que plantea cero tolerancia para estos delitos tanto en el sector público como en el privado. Desde agosto de 2016, cuando se presentó este plan, hasta mayo pasado, la Fiscalía había logrado imputar cargos a 3.000 personas vinculadas a presuntas irregularidades que comprometían 4,7 billones de pesos del Estado.
Hernando Herrera, director de la CEJ, considera que en general el bajo número de condenas se puede explicar desde varios factores. “Aunque la Fiscalía ha creado estrategias más contundentes contra la corrupción para los macrodelitos, frente a la generalidad de los casos en la medida en que el impacto del delito y la cuantía es menor, la efectividad también”, dijo Herrera.
Y agregó que la congestión judicial es otro factor que afecta el avance de los procesos, pues ante la demora para judicializar a los procesados se empiezan a dar prescripciones (vencimiento del tiempo establecido en la ley para investigar un delito).
El contralor general Carlos Felipe Córdoba aseguró ayer que la política pública de descongestión judicial fracasó y que deben asignarse más recursos para superar las brechas. De acuerdo con las cifras citadas por Córdoba, la congestión judicial hoy está entre el 49 y el 61 por ciento, con más de 7.400 procesos que llegan diariamente a los despachos judiciales por todo tipo de delitos.
Y los mismos jueces, representados por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara, dicen que con la poca cantidad de funcionarios judiciales es difícil superar la congestión.
Otro factor a considerar, señaló Herrera, es que en los últimos años las denuncias han venido en aumento. En 2018 la mayoría de procesos se abrieron tras una denuncia (7.969), seguido por compulsas de copias en investigaciones (1.552) e investigaciones de oficio que adelantaron los propios fiscales (1.363). “La gente denuncia más y eso es vital para la lucha contra la corrupción, pero también la corrupción ha crecido a gran escala”, agregó Herrera.
La mayoría de las condenas proferidas en 2018 por corrupción se lograron por acuerdos o negociaciones de los procesados y el ente investigador (333 casos, para un 51 % del total); 114 por aceptación total de cargos; 106 en juicio, y 3 por aceptación parcial de cargos de los acusados.
En comparación, en 2017 las condenas se lograron en un 36 por ciento por preacuerdos; 24 por ciento por aceptación total de cargos; 21 por ciento en juicio y en un 1 por ciento por captación parcial de cargos.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el sistema penal establece la terminación anticipada de los procesos y que en los mismos los funcionarios del ente acusador incluyen en las negociaciones garantías para la recuperación de los dineros apropiados ilegalmente.
Según Lara, «el fenómeno de la corrupción va mucho más adelante que quien lo persigue».
Es evidente que el fenómeno de la corrupción va mucho más adelante que quien lo persigue. Hay que repensar la respuesta del Estado al fenómeno, y para ello puede verificarse lo que han hecho otros países en Latinoamérica frente al tema. También, que funcionen los órganos de control y se corrija el sistema electoral, entre muchas otras medidas
El Tiempo
