La cúpula del gremio cordobés de Luz y Fuerza fue denunciada por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación. El expediente está en manos del fiscal Enrique Senestrari, quien también tiene la causa por la que están detenidos los líderes del sindicato de recolectores de basura, Surrbac.
La investigación es impulsada por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia alcanza a Gabriel Suárez, secretario general; Jorge Molina Herrera; Fernando Navarro; Daniel Lozano; Rodolfo Bonetto; Roque Tapia; Alexis Fidelbo; José Galván; Carlos Vaca; Juan Farías; Emilio Chaer y Héctor Juri.
La denuncia -confirmada por fuentes de la Procelac a LA NACION- se origina en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y plantea que desde 2010 hasta la actualidad hubo operaciones destinadas «a distraer fondos» del sindicato Luz y Fuerza local.
Entre los hechos que enumera el texto aparece, por ejemplo, haber puesto «en circulación bienes de origen ilícito» (por ejemplo, a uno de los denunciados se le adjudica una compra millonaria de fichas en casinos) y el haber librado cheques contra las cuentas del sindicato que, a partir de sus endosos, terminaron en manos de personas «de confianza» de Luz y Fuerza pero que tenían «inconsistencias con el fisco» o directamente no tenían actividad.
Una posibilidad, para la Procelac, es que el sindicato contratara servicios a cargo de conocidos o con relaciones con los dirigentes para así, «desviar fondos» procedentes de la organización. La denuncia también describe que hay movimientos de las cuentas bancarias del sindicato cuya trazabilidad no pudo ser determinada.
Entre los denunciados figura Liza Loyola. Resulta sospechoso para los denunciantes que, pese a ser beneficiaria de planes sociales, operó entre noviembre de 2015 e inicios de 2017 fondos por casi un millón de pesos. En la última fecha recién apareció como empleada de una farmacia mutual.
El expediente incluye alertas sobre actividades de los denunciados que no tendrían consistencia con sus ingresos y también advierte, en algunos casos, sobre salidas del país. La denuncia ingresó a la Justicia Federal de Córdoba en abril de este año; Senestrari la recibió casi un mes después y hasta el momento no hay promoción de acción penal.
Cruces con el Estado
El año pasado hubo una serie de denuncias cruzadas entre Luz y Fuerza y la empresa provincial de energía, Epec. El sindicato acusó al directorio de la compañía y a varias consultoras por «ofrecimiento fraudulento de valores negociables y balances falsos» y este año pidió ser querellante en otra denuncia por el convenio entre Epec y Eectroingeniería por la central Pilar. Por su lado, Epec solicitó a la Justicia que investigue la posible falsificación de documentos y hackeo de sistemas informáticos.
Senestrari, que analiza la denuncia de la Procelac, es el mismo que instruye la causa por la que Mauricio Saillen y Pascua Catrambone, jefes del Surrbac, fueron detenidos el último 27 de agosto; en total son 19 los imputados por presunta asociación ilícita, lavado de activos, usura calificada y administración fraudulenta. También tiene un rol clave un informe de la UIF. El juez Ricardo Bustos Fierro inhibió los bienes de todos los imputados; entre quienes está el legislador provincial y candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Franco Saillén. La denuncia ingresó en 2016 a la Justicia provincial pero fue girada a la Federal por la posibilidad de que haya lavado de activos.
La Nación
