Este caso parte de unas diligencias de investigación penal que la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió a raíz de una denuncia que presentó el exgerente de Avialsa, Antonio Alandí.
La investigación elevó el presunto fraude a más de 100 millones de euros y descubrió cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales crearon esta red para influir en el precio final de adjudicaciones públicas.
Los empresarios investigados se repartían el mercado por territorios y no se pisaban el negocio el uno al otro. Estos hechos se investigan en la pieza principal, que instruye la Audiencia Nacional.
Levante EMV
