El general Carlos Guillén Enríquez, investiga a un grupo de empresarios que utilizaron los servicios del estudio legal panameña Mossack Fonseca.
sobre los avances contra el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal vinculados al Caso Panama Papers.
general PNP Carlos Guillén Enríquez, a cargo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía (Dirila), creada el 2014. Desde entonces, dicha unidad estuvo a cargo de investigaciones emblemáticas como el caso del comerciante de oro ilegal ‘Peter Ferrari’, y hoy dirige las pesquisas contra un grupo de empresarios peruanos que usaron a la firma panameña Mossack Fonseca para resguardar sus capitales en paraísos fiscales.
Guillén Enríquez, abogado de profesión y exmiembro de la extinta Policía de Investigaciones del Perú (PIP), habló sobre los desafíos y retos de la Dirila, que ha incautado bienes por un total de S/578 millones en los últimos tres años. “El lavado de dinero está en la minería ilegal, el tráfico de drogas, la trata de personas, el sector inmobiliario y el sector pesquero”, dice desde su despacho en la avenida España, en el Cercado de Lima.
CASO EMBLEMÁTICO. La Policía y la Fiscalía investigaron por lavado de dinero al comerciante de oro ilegal Pedro David Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari.
En los últimos años el periodismo ha revelado complejas estructuras empresariales de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato. En este contexto, ¿qué importancia adquiere la Dirección especializada en Lavado de Dinero de la Policía?
La Dirila, a través de sus cinco divisiones, tiene como misión investigar y denunciar el delito de lavado de activos y aplicar el proceso de extinción de dominio. Actualmente, el lavado de dinero es un delito transnacional. Las actividades ilícitas se generan en un país, pero las ganancias pueden ‘lavarse’ en Perú, o viceversa. Tenemos una relación fluida con la Red de Recuperación de Activos (RRAG) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que nos permite intercambiar trabajos con otros países. Nuestra dirección investiga actualmente a más de 1.200 personas naturales y 200 empresas.
Durante su gestión se realizó la evaluación mutua de Gafilat sobre el avance del Perú en la lucha contra el lavado de dinero. ¿Cuáles son los objetivos que se propuso llevar a cabo tras la publicación del informe?
Hemos pasado muy bien la evaluación mutua. Gafilat observó la labor del Estado Peruano en las unidades administrativas y operativas. Hemos articulado nuestro trabajo a través de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft). Es más, hace poco se publicó el reglamento del Decreto Legislativo 1373, respecto al proceso de extinción de dominio. Desarrollamos estas actividades en forma conjunta, articulada y dentro de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de dinero.
DECOMISO. El último 9 de septiembre un equipo de la Dirila incautó 30 kilogramos de oro que tenían como destino la India. El valor de los lingotes era de más de un millón de dólares.
El informe de Gafilat sobre Perú recomendó mejoras a la coordinación entre la Dirila y la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Cómo es el trabajo conjunto con estas autoridades?
Trabajamos de forma fluida con la Fiscalía de Lavado de Activos [cuya coordinación está a cargo del fiscal Rafael Vela Barba]. La Policía invoca las medidas limitativas de derecho al Ministerio Público, que las hace suyas solicitando al juez una medida de incautación o allanamiento. Las dos instituciones están comprometidas dentro de la cadena de valor en la lucha contra el lavado de dinero.
¿Cuáles son las limitaciones de la Dirila relacionadas a la cantidad de personal o al presupuesto asignado para desarrollar un trabajo tan especializado?
Siempre vamos a tener limitaciones. Es natural en el proceso evolutivo de una dirección joven, pero esas limitaciones son superadas porque se mantiene al personal capacitado. Quizás hay un déficit de personal que no puede copar todas las unidades a nivel nacional, pero estamos implementando capacitaciones. Además, hemos abierto unidades descentralizadas de la Dirila en Ayacucho, Arequipa, Trujillo y Piura.
Además del conocimiento jurídico, la lucha contra el lavado requiere capacidades específicas para enfrentar estrategias comunes de blanqueo como el uso de sociedades offshore y de nuevas tecnologías. ¿En qué consisten las capacitaciones de la Dirila?
Entre 2017 y 2018, se dieron seis cursos de capacitación y dos de especialización para 67 y 40 policías, respectivamente, cada año. En lo que va del 2019 ya hemos capacitado a 45 personas, en cumplimiento del convenio de Gafilat. Además, hemos enviado personal de la Dirila a Colombia, Panamá, México y otros lugares que tienen una lucha frontal contra este delito. Nuestra dirección está preocupada en mantener actualizado al personal policial.
La Policía especializada en lavado de dinero investiga a un grupo de empresarios peruanos que utilizaron los servicios del estudio legal panameña Mossack Fonseca.
¿Qué casos de éxito destaca dentro del trabajo de la Dirila?
Hemos realizado megaoperativos en los casos ‘Peter Ferrari’, ‘Casa Blanca’, ‘Jarachupa’, ‘Pataypampa’, ‘Dorado 2019’, ‘Centinela’, ‘Incario’, ‘Arequipa 2018’, ‘Chavín de Huántar’ y ‘La Gran Manzana’ [casi todos vinculados a casos de crimen organizado en general, narcotráfico y comercio de oro ilegal]. El 2017 incautamos bienes por un valor de S/109 millones, mientras que en 2018 llegamos a los S/127 millones. En 2019 hemos recuperado a favor del Estado más de S/342 millones, a través de operativos como ‘Arbitrajes 1’, ‘Tirabanti’, ‘Casma’ y ‘Orellana’, entre otros.
Si bien tradicionalmente el sector inmobiliario es el más usado para el lavado de dinero, ¿las características de nuestro país han convertido a la tala y la minería ilegal en sectores nuevos para el lavado de dinero?
Efectivamente, el lavado de dinero está en la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el sector inmobiliario y también en el sector pesquero. El ‘lavador’ siempre va a buscar economías emergentes para realizar sus actividades ilícitas y darle apariencia legal a ese dinero mal habido.
Las entidades financieras también cumplen un rol en el lavado de dinero.
En el año 2016 realizamos operativos en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde intervenimos a [un grupo de] cooperativos. Detuvimos a 13 personas que conformaban una organización criminal operando en la provincia de Huamanga.
OPERACIONES SOSPECHOSAS. Se reveló que el sistema financiero peruano recibió más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales.
Las personas involucradas en casos de blanqueo hoy coordinan con “expertos en lavado”. ¿Cuántas investigaciones tienen contra abogados y firmas legales?
Los lavadores no solamente contratan a expertos en inversiones o en cómo lavar el dinero mal habido. También contratan a estudios jurídicos para salir airosos en las investigaciones y procesos judiciales. Los lavadores cada vez son más sofisticados, y en muchos casos ellos no tienen vínculos con las personas que generan las actividades ilícitas. Sólo se encargan de realizar inversiones y transferencias. Estamos aplicando las nuevas técnicas de investigación que nos da el código procesal penal, que muy pronto tendrán resultados positivos.
Finalmente, ¿cómo ha contribuido la documentación revelada por el periodismo, desde los Panama Papers hasta el Caso Lava Jato, en la labor que realiza la Dirila?
El periodismo realiza una labor muy importante. Como personas también especializadas en la investigación de actividades ilícitas, permiten muchas veces que sus noticias den inicio a una investigación por parte de la Dirila. El periodismo siempre es un aliado para evidenciar y sacar a flote las actividades ilícitas de los lavadores. Además, apoya y contribuye en la fiscalización, control e investigación del lavado de activos.
ALD/Ojopublico
