El fiscal Gerardo Pollicita ya pidió que procesen al financista Ernesto Clarens y a otros sospechosos ligados al empresario por maniobras con obras viales.
Una ruta de 160 millones de dólares complica al financista Ernesto Clarens. El fiscal Gerardo Pollicita pidió su procesamiento en este expediente en el que se investigan operaciones vinculadas a Lázaro Báez preso hace más de tres años.
En esta oportunidad se investiga otra ruta del dinero K por U$S 160 millones, maniobras por las que se pidió una acusación por lavado de dinero contra el financista y un grupo de personas del entorno del dueño de Austral Construcciones.
En un dictamen de 148 páginas al que accedió Clarín, el fiscal Pollicita pidió ante el juez Julián Ercolini el procesamiento por blanqueo de Ernesto Clarens, Sergio Fausto Gotti, Andrea Cantín (sobrina de Báez), César Andrés (contador del empresario K) entre otros imputados, todos acusados de haber utilizado una estructura societaria y financiera para el lavado de más de 160 millones de dólares.
La investigación realizada por la fiscalía, se concentra en el movimiento de fondos por parte de Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA hasta 2006, firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA.
Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos.
Esas contrataciones fueron adjudicadas bajo “una gran cantidad de irregularidades administrativas” que expusieron “el direccionamiento a favor del grupo Báez”.
Los agravantes en la maniobra fueron las obras inconclusas, los sobreprecios del 65% promedio que se abonaron sobre las licitaciones y las omisiones en los controles sobre las empresas del holding, entre las más relevantes.
De esta investigación se desprende una ruta de dinero millonaria que busca reconstruir el fiscal Pollicita. “Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—”, sostiene el pedido de procesamiento.
Según la investigación, se realizaron un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los “fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”, el cálculo inicial arroja 502 millones de pesos, “equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”.
Lo que se puso en marcha fue un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.
Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente. En este caso, se determinó que como en otras investigaciones por blanqueo que involucran a Lázaro Báez, a la familia Kirchner y a parte de su entorno, el origen de los fondos que se aplicaron a dichas operaciones es el otorgamiento de obra pública vial.
Entre 2005 y 2009 se montó una estructura de “reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.
Así, Báez y Clarens -este último aceptado como “arrepentido” en la causa de los Cuadernos de las coimas-, junto a un grupo de colaboradores, realizaban sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a 502 millones de pesos”.
Es decir: fingían gastos y servicios entre empresas vinculadas entre sí que, según especificó Pollicita, no se realizaron efectivamente.
En su dictamen, el fiscal señaló que los “conductores de esta maniobra criminal fueron Báez y Clarens» y que Invernes fue “vértice central del esquema de blanqueo”.
Al respecto, Clarens dijo que no figuraba en el directorio ni como accionista, “siendo una sociedad prácticamente sin activos ni actividad. No obstante, era yo, exclusivamente, quien guiaba las operaciones de Invernes SA, sin injerencia alguna de los directores formales que hasta mayo de 2006 fueron personas allegadas a mí”.
ALD/Clarin
