Consideran reabrir el caso de Javier Duarte por irregularidades en las pruebas y sospechas de corrupción ponen en riesgo el único proceso por el cual el exgobernador Javier Duarte está en prisión.
Antilavadodedinero / Animalpolitico
El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de 9 años de prisión, la única que lo mantiene en prisión, llega a un momento decisivo. Dos tribunales federales decidirán en los próximos días si el proceso es reabierto, y si se da entrada a la investigación por la presunta corrupción que hubo entorno al caso.
Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado resolverá si procede la petición de la defensa del exgobernador de Veracruz para que se le permita apelar la condena que él mismo aceptó, bajo el argumento de que las pruebas bancarias usadas en su contra se obtuvieron ilegalmente. Otros coacusados en este mismo proceso han sido absueltos por dicha razón.
Por el otro, el Séptimo Tribunal Colegiado decidirá si confirma el amparo que ya obtuvo una organización civil para acceder a la investigación iniciada en la Fiscalía General por la presunta corrupción de los fiscales del caso Duarte. A la petición de acceso a este expediente ya se sumó esta semana la Barra Mexicana de Abogados.
De acuerdo con los abogados involucrados en ambos procesos, se espera que las resoluciones de ambos tribunales se den a conocer la próxima semana.
Dichas determinaciones son cruciales debido a que están directamente relacionadas con el único de los procesos penales por el cual Javier Duarte ha sido sentenciado y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de Ciudad de México.
Originalmente al exgobernador se le había extraditado desde Guatemala -en 2017 – por tres casos. Uno de ellos estaba relacionado con el supuesto uso ilegal de un helicóptero en el que presuntamente huyó tras pedir licencia (octubre de 2016). Dicho proceso ya fue cerrado por falta de elementos.
El segundo caso era una acusación de la Fiscalía de Veracruz por peculado derivada del supuesto desvío de 220 millones de pesos destinados para obras hidráulicas en su gobierno. Gracias a un amparo Duarte consiguió que el caso fuera reiniciado desde cero y con el beneficio concedido por un juez de llevar el proceso en libertad.
Y el tercero caso es justamente el juicio federal por lavado de dinero promovido por la entonces PGR en contra de Duarte y que es que lo mantiene preso.
En contra del exgobernador de Veracruz también existe una orden de aprehensión por presunta desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar ya que por ese caso no fue extraditado y el gobierno de Guatemala no ha dado su autorización para que se haga una excepción al tratado que impide procesar a personas por delitos ajenos a los requeridos inicialmente.
Inminente reapertura del proceso
Para obtener una sentencia de 9 años de prisión y no los más de 25 que se le pudieron haber impuesto por lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte aceptó declararse culpable voluntariamente sin llegar a juicio, recurso que permite el actual sistema penal.
A cambio de que Duarte se declarara culpable, la PGR aceptó cambiarle el delito de delincuencia organizada (el más grave) por el de asociación delictuosa, lo que le permitió tener una condena reducida. El 11 de octubre de 2018 el juez responsable de ese caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, declaró que la condena quedaba firme y cerró el proceso.
Sin embargo, en julio pasado el exgobernador promovió un recurso para que dicha sentencia fuera suspendida y se le permitiera apelar lo que el mismo aceptó. El caso llegó así al Primer Tribunal Colegiado en donde sus tres magistrados deben determinar si conceden a Duarte la posibilidad de apelar, lo que abriría la puerta para que el caso sea reabierto y se revise la sentencia.
