Los fiscales de Costa Rica se encuentran investigando una presunta red de tráfico de órganos en un hospital de la capital del país. Es la segunda vez en los últimos años que se descubre este tipo de red.
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La Fiscalía General proporcionó pocos detalles sobre su investigación en torno al tráfico de órganos en el Hospital México, ubicado en San José, que es operado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó CRHoy. Aún no se han realizado arrestos y todavía están reuniendo pruebas, según la unidad a cargo de los casos de trata de personas.
Esta no es la primera vez que un hospital de San José se ha visto implicado en el comercio de órganos. En 2017, el doctor Francisco José Mora Palma, exdirector de nefrología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, entidad de naturaleza pública, fue condenado después de que las autoridades lo acusaran de dirigir una red dedicada al tráfico de riñones a nivel internacional entre 2009 y 2013.
Otros tres médicos, un empresario griego y un agente de la Policía Nacional fueron condenados en el caso. La red contaba con intermediarios mediante los cuales vendía riñones a receptores en Israel, Ucrania y países de Europa del Este.
Aunque Costa Rica es el primer gobierno latinoamericano en firmar un tratado internacional para combatir el tráfico de órganos humanos, este caso indica que no se han eliminado las condiciones que permiten que sus instituciones médicas sean vulnerables a la explotación.
En 2018, Costa Rica acordó hacer cumplir las leyes implementadas por el “Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos”, que insta a los gobiernos a establecer como delito la extracción ilegal de órganos de donantes vivos o muertos. El tratado también hace posible que las víctimas reciban una compensación.
El país firmó el tratado después de que el primer caso se hizo público, y los expertos internacionales lo criticaron por crear condiciones hospitalarias para el tráfico de órganos.
Costa Rica se ha popularizado como destino de turismo médico, lo cual se ha visto acompañado por un aumento en el “turismo de trasplantes”, como dice Luz Estella Ortiz-Nagle, abogada colombiana experta en temas de trata de personas, en un informe publicado por La Nación después de que se descubriera la primera red de tráfico. El país había pasado de tener un rol secundario a convertirse en “epicentro” del tráfico ilegal de órganos, señaló la experta.
El medio The New York Times señala en una investigación sobre el caso anterior que los médicos costarricenses “tenían un incentivo financiero para tratar a pacientes extranjeros debido al sistema médico público-privado del país”. Con salarios de unos US$7.000 mensuales en los hospitales públicos, los nefrólogos y cirujanos de trasplantes podían ganar mucho más haciendo trasplantes en horas extras en centros de salud privados.
Los receptores de riñones del mercado negro estaban pagando alrededor de US$140.000 por el procedimiento —un dinero caído del cielo para médicos e intermediarios—. En sus intentos por convencer a un cirujano retirado de que se uniera a su red, el doctor Mora Palma le prometió un pago de US$18.500 por dos trasplantes.
Los donantes pobres suelen ser explotados por pequeñas sumas de dinero a cambio de sus riñones, los cuales luego son vendidos a receptores ricos por miles de dólares. Además, las autoridades suelen encontrar obstáculos debido a la naturaleza consensuada de la venta de órganos y por la corrupción en muchos niveles que permite la existencia de este comercio.
