La fiscalía general mexicana investiga por presunto lavado de dinero a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, y encargado de la administración del presupuesto de ambas dependencias cuando ocurrió el presunto esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
Por AnimalPolitíco/AL
También se investiga a su hermano, José Ramón Zebadúa, y a Roberto Gómez Morales, quien ha sido chofer de Emilio Zebadúa durante años, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró “operaciones inusuales” en sus cuentas bancarias, confirmaron fuentes de la Fiscalía y de Hacienda.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera también denunció penalmente a Rosario Robles por el ocultamiento de información respecto a este esquema de desvío, en el que las dependencias que encabezó realizaron convenios con universidades públicas y éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma.
El otro exfuncionario que también está siendo investigado por presunto lavado de dinero es Ramón Sosamontes, quien fue jefe de Oficina de la Sedesol, y luego se integró a la Sedatu durante ambas gestiones de Robles.
Sosamontes ha sido colaborador cercano de Robles desde que ella encabezó el gobierno de la Ciudad de México y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego fue su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD y, al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.
Emilio Zebadúa firmó convenios de colaboración entre la Sedesol y las universidades de Morelos y del Estado de México, que permitieron la contratación de supuestos bienes y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero las instituciones de educación subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, y por lo cual desaparecieron más de 2 mil millones de pesos de recursos públicos.
Antes de la publicación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había señalado que las universidades públicas habían violado la ley al subcontratar más de 90% de los montos que cobró a la Sedesol, toda vez que la legislación sólo permitía subcontratar hasta 42%.
Además encontró que los servicios no se hicieron y diversas irregularidades por lo que interpuso nueve denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República, entre 2015 y 2017, pero ninguna de ellas ha llevado a juicio a los exfuncionarios hasta el momento.
