Los nexos del nuevo titular de la UIF con Santa María complican su designación

La Justicia argentina investiga al sindicalista Alberto Fernández por lavado de dinero sobre la base de una denuncia realizada por la propia UIF, la entidad que ahora podría quedar en manos de su abogado.

Por La NACIÓN/AL

Cruz informó en su declaración jurada que fue abogado de al menos unas diez personas y sociedades vinculadas a Santa María en los últimos ocho años, según los datos que el propio abogado entregó ante el Ministerio de Economía como parte de su proceso de selección para presidir la UIF.

En la nómina de clientes con los que Cruz declaró haber trabajado no solo figura Santa María como persona física, sino también dos empresas del gremio de los porteros: Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción SA y Edificar Seguros.

Edificar Seguros, incluso, aportó fondos a la campaña presidencial de Alberto Fernández, que luego fueron devueltos por el Frente de Todos por temas legales. Santa María mantiene una estrecha relación con el presidente Fernández después de décadas de militancia en el PJ porteño.

Cerca del Presidente negaron que el desembarco de Cruz haya sido un pedido de Santa María y aclararon que se conocieron hace décadas en el mundo académico (ambos son profesores de la Universidad de Buenos Aires) y en la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires.

Pero desde la Casa Rosada advirtieron que Cruz debería excusarse en caso de recibir un pedido de cooperación de la Justicia sobre el expediente de Santa María y del resto de sus clientes.

Más allá de sus vínculos con Santa María, la mayoría de los clientes informados por Cruz son compañías de seguros y empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario.

Tanto Cruz como Mariana Quevedo -sugerida como vice de la UIF- fueron impugnados por diputados opositores por «falta de idoneidad» e «inhabilidad moral» para conducir el organismo cuyo máximo objetivo es la prevención del lavado de activos.

Santa María fue denunciado por la UIF tras detectar que movió US$1,9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 83 años, ingresara en el blanqueo de capitales. La familia Santa María había tenido otros US$6,5 millones a través de dos fideicomisos suizos hasta agosto 2017. Pero la causa judicial, en manos del juez Claudio Bonadio, prácticamente no avanzó en estos dos años. Santa María nunca fue indagado.

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