En los últimos 30 años, la Asamblea Legislativa de El Salvador desaforó a magistrados, diputados y hasta un embajador para que enfrentaran penalmente las acusaciones que hacía la Fiscalía por delitos de lavado de dinero, estafa y agresiones sexuales.
Antilavadodedinero / ElMundo
El desafuero más reciente se dio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Escalante. El 4 de marzo del año pasado, 83 de los diputados votaron para que enfrentara la justicia por agresión sexual contra una menor de edad. Actualmente, el magistrado está bajo arresto domiciliar.
El entonces embajador de El Salvador en Alemania y viceministro de Defensa, general Atilio Benítez Parada, también fue desaforado. El 5 de diciembre de 2016, diputados de Arena, Gana, PCN y PDC, excepto el FMLN, sumaron 43 votos y le retiraron el blindaje constitucional.
Así, Benítez enfrenta la acusación penal por los delitos de actos arbitrarios, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, comercio ilegal y depósito de armas. Según la Fiscalía, el general cometió estos delitos cuando fue viceministro de la Defensa Nacional con el primer gobierno del FMLN.
El 3 de julio de 2014, la diputada Ana Vilma de Escobar, de Arena, fue desaforada con 45 votos por los delitos de calumnia y difamación en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes.
En una entrevista televisiva la diputada vinculó al ahora prófugo con el accidente de un automóvil Ferrari en el redondel Masferrer y con el consumo de alcohol.
El 12 de septiembre de 2012, con 70 votos, el diputado propietario Rodrigo Samayoa, de Gana, fue desaforado por lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra su esposa, Mireya de Samayoa.
El diputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira, del PCN, fue desaforado el 29 de noviembre de 2006 para que enfrentara el proceso judicial por los delitos de lavado de dinero y cohecho. Según la Fiscalía, Pereira lavó $12 millones y sobornó a alcaldes para que le adjudicaran proyectos de obras comunales.
En el 2006, Mario Antonio Osorto Vides era diputado de Arena en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y también fue desaforado porque la Fiscalía le atribuía los delitos de falsedad material, los que cometió cuando fue alcalde del municipio de La Unión. Purgó cuatro años de prisión por falsificar documentos para favorecer con contratos a las empresas de Silva Pereira.
En agosto de 1990, fue desaforado el diputado suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manuel Inocente Morales Ehrlich para que enfrentara el proceso penal en el Juzgado Tercero de lo Penal por fraude supuestamente cometido como presidente del (Instituto Nacional del Café (Incafé).
