La empresa de construcción brasileña argumenta que Perú canceló los contratos de concesión en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Antilavadodedinero / La República
Odebrecht presentó una solicitud de arbitraje exigiendo más de 1.200 millones de dólares de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución arbitral afiliada al Banco Mundial con sede en Washington, D.C., se registró el 4 de febrero de 20202 una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecht.
Entre los argumentos que declara la empresa brasileña, es que el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GPS, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
Asimismo, indica que le Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.
Entre otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero de 2017. Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.
Respuesta
“El Estado peruano es respetoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, indicó el MEF mediando un comunicado.
El MEF también destacó que “Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y Tratados de Inversión. Adicionalmente, como resultado de tales procesos ha recuperado aproximadamente 110 millones de dólares, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho, que ha asegurado los principios rectores sobre promoción de la inversión privada”.
Asimismo, indicó que le Estado reafirma su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y se reserva todos sus derechos bajo la legislación vigente, incluyendo en materia anti-corrupción, y el derecho internacional público.
