El Senado mexicano está en vías de concretar una legislación que regule el cannabis, desde el cultivo y posesión hasta su consumo y comercialización. Contar con reglas claras para el uso de la marihuana es ya un mandato de la Suprema Corte y diversos actores de la sociedad buscan incidir en el proceso.
Antilavadodedinero / france.24
El Congreso mexicano incurrió en desacato y tuvo que solicitar a la Suprema Corte una prórroga, que vence el 31 de mayo, para legislar sobre la regulación del cannabis, incluido el uso recreativo.
Parte medular del dictamen que hoy se discute en el Senado, con base en diversas iniciativas de los grupos parlamentarios, incluido el proyecto que al inicio de la Legislatura presentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es la creación del Instituto del Cannabis, un ente adscrito a Gobernación que se encargará de otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar licencias para sembrar, transformar, transportar, comercializar, distribuir, empaquetar, etiquetar, consumir, importar y exportar cannabis.
Es decir, este instituto regulará los permisos para casi todo lo que tenga que ver con la planta.
Desde inicios de febrero, afuera del Senado se instaló un plantón de personas y colectivos que demandan una regulación que se enfoque en los derechos de los consumidores.
“Queremos que se tomen en cuenta los derechos humanos, principalmente que haya tolerancia y que no se estigmatice a los usuarios. Y también vemos que están tratando más el mercado y están ahí legislando principalmente basándose en eso (…) queremos que tomen en cuenta los espacios de tolerancia como estos porque no hay espacios para consumo de cannabis”, dice Ed Zamudio, integrante de Movimiento Cannábico Mexicano.
“Tenemos que dejar atrás la visión punitiva”
La principal coincidencia de los senadores que discuten el dictamen en las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos es la de no criminalizar la planta ni sus usos.
“En esta reforma tenemos que dejar atrás la visión punitiva. Verlo desde la perspectiva de la salud y no desde la perspectiva del delito”, apunta la senadora Patricia Mercado, del partido Movimiento Ciudadano.
Mercado señala que buscará convencer a legisladores de otros partidos de retomar la idea de incluir un consejo ciudadano en el Instituto del Cannabis. “Necesitamos recuperar el consejo ciudadano. Que el gobierno no se oiga solo a sí mismo, sino que tenga un instrumento de contacto con la sociedad, que finalmente va a estar monitoreando muy en terreno lo que está sucediendo con la legislación para ver qué necesitamos cambiar, modificar, ir realmente perfeccionando nuestra nueva relación con el cannabis”.
La presión social viene de diferentes sectores, algunos organizados
Y precisamente para hacerse oír desde la sociedad civil, el 4 de febrero se conformó el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Lo integran médicos, académicos y empresarios y exigen reglas claras para un mercado legal que en el mundo se estimó en 12.000 millones de dólares, solo en 2018, según Euromonitor International.
Eda Martínez, presidenta del Consejo, comenta que lo integran “personas que tenemos multidisciplinas y competencias, desde el ámbito tecnológico, científico, médico y educativo. El objetivo es proporcionar desde esta plataforma todo cuanto se requiera para tener un diseño de políticas públicas adecuadas”.
Un punto importante, sobre todo para los empresarios que integran el Consejo y que van a incursionar en un negocio (legal) que se proyecta en 2.000 millones de dólares anuales, es el tema de las licencias.
“¿Qué esperamos por ejemplo los empresarios, si desde esta plataforma habláramos los usuarios, los transformadores?, pues que se tengan las reglas del juego muy claras. ¿Qué necesito para promover una licencia, una solicitud, un aviso de funcionamiento?”, se pregunta Martínez.
Si los senadores no vuelven a incurrir en desacato, en breve estaría aprobándose la Ley para la Regulación de la Cannabis, así como las reformas respectivas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
