La Justicia deberá definir si aceptan el pedido de “pena máxima” contra un total de 21 ex funcionarios, que incluye además una reparación al Estado por unos 1.130 millones de dólares. El ex presidente, que actualmente reside en Bélgica, niega las acusaciones.
Antilavadodedinero / Infobae
La fiscalía de Ecuador pidió el jueves hasta ocho años de cárcel para el ex presidente Rafael Correa y una reparación al Estado por unos 1.130 millones de dólares en el marco de un juicio por supuestos sobornos pedidos a contratistas para financiar las campañas electorales entre 2012 y 2016. Se trata de la “pena máxima” solicitada en esta caso que afecta también a otros 20 funcionarios de su gobierno.
En agosto del año pasado, una jueza ordenó prisión preventiva contra Correa en el caso y en febrero de 2020 comenzó un juicio penal por el delito de cohecho contra unos 21 ex funcionarios y empresarios, incluyendo el ex mandatario, quien reside en Bélgica.
La fiscal Diana Salazar solicitó al tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la pena máxima para Correa por este tipo de delito y que considere agravantes como “autor mediato por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de los sobornos”.
El pedido de pena máxima hecho por la fiscalía también se extiende para otros implicados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por otro caso, ex ministros y algunos contratistas del Estado.
Sin embargo, los jueces que integran el tribunal serán quienes decidan si aceptan o no el pedido de la fiscalía y la sentencia final sobre dichas acusaciones.
El delito de cohecho tiene una pena máxima en Ecuador de seis años de prisión y con agravantes podría llegar a ocho años, según el procurador, Íñigo Salvador.
Durante la investigación, la fiscalía acusó al izquierdista Correa de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.
La fiscalía dijo además que pidió una reparación integral de 1.130 millones de dólares, disculpas públicas y la publicación de la sentencia en la prensa.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado, como acusación particular, solicitó una reparación integral para el Estado de más de 23 millones de dólares, el triple del monto determinado por los sobornos, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.
El procurador General del Estado ecuatoriano, Salvador, explicó en su alegato final “cómo funcionaba la estructura delincuencial manejada por la cúpula del gobierno de Correa y pidió una reparación por 23,025 millones de dólares, más el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas”, reza un comunicado.
Salvador concluyó con un llamamiento al tribunal para que afronte “esta histórica coyuntura” y proceda a “aislar y erradicar a esos agentes corruptores”, a la par que pidió una sentencia “ejemplarizadora para los corruptos de todos los tiempos”.
El ex presidente ecuatoriano ha negado las acusaciones y ha dicho que todo se trata de una persecución del presidente Lenín Moreno, su heredero político, quien tomó distancia con el ex mandatario desde que llegó al poder en mayo del 2017.
“Ahora Salazar nos acusa de ‘crimen organizado’, un delito diferente al de cohecho. La prueba está en que tuve ‘ministros y secretarios’. Que haga bien su canallada. Si falla, la presa será ella”, dijo Correa en su cuenta de Twitter.
Correa no ha dicho abiertamente si será candidato presidencial en 2021, pero frecuentemente habla sobre “recuperar la Patria”, lo que podría verse perjudicado por una decisión judicial adversa.
El ex mandatario enfrenta también una orden de prisión por un supuesto secuestro a un político opositor.
