En diferentes partes del país, el Gobierno se ha visto en la obligación de cambiar la manera de identificar a los grupos armados. Las razones son las mismas: estigmatización de apellidos o de regiones. En el oriente del país delinquen los denominados “Puntilleros”, un grupo ilegal que antes era conocido con los nombres de “Libertadores de Vichada” y “Bloque Meta”
Antilavadodedinero / Espectador
La Policía decidió crear uno nuevo para evitar estigmatizaciones con los departamentos. Otro de los ejemplos está en Norte de Santander, donde existe un reducto de la guerrilla del Epl, sin embargo para el gobierno el nombre de este grupo es “Los Pelusos”, porque para el Estado, el nombre de Epl dejó de existir luego del proceso de paz con esa estructura ilegal.
Personal de la Fiscalía contra el crimen organizado explicó que se trata del mismo Grupo Armado Organizado (GAO) y que una cosa es cómo se hace llamar el grupo, otra cómo es conocido en las regiones, y otra diferente cómo lo nombra el Gobierno.
“En este caso, Caparrapos es como ese grupo se conoce en Bajo Cauca de Antioquia y Sur de Córdoba, ellos se hacen llamar el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) y el Gobierno decidió llamarlos Caparros porque podría llegar a atentar contra el buen nombre de una población de Cundinamarca que se llama Caparrapí”, dice el funcionario.
La misma situación se da con el Clan del Golfo. En unas zonas se conoce como Urabeños y en otras como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). “Este caso el cambio del nombre para manejarlos viene desde el Gobierno”, agregan desde la Fiscalía.
Específicamente con las Agc, las autoridades han variado su nombre en varias ocasiones. Primero eran “los Urabeños”, luego pasaron a ser el “Clan Úsuga” y ahora se les conoce como Clan del Golfo.
“Este cambio se da porque el nombre puede estigmatizar a toda una región, como en este caso era Urabá. También puede generar inconvenientes con un apellido como lo es Úsuga. Lo que pasa es que el Ministerio de Defensa no puede generar este tipo de controversias y por eso se hacen los cambios”, explicaron desde el Comando General del Ejército.
Pero el cambio de identidad no se da solo en sus nombres. Su categoría ha cambiado con el paso del tiempo. Por ejemplo, tras la desmovilización de los grupos paramilitares a los reductos se les llamó bandas criminales, para luego ser bautizados como GAO. Lo mismo sucedió con las disidencias de las Farc, catalogadas ahora como GAO-r.
Desde esa misma institución aclaran que la Presidencia y el Consejo de Seguridad Nacional son los encargados de catalogar a esos grupos, si se trata de un GAO (Grupo Armado Organizado), GAO-r (Grupo Armado Organizado Residual), GDO (Grupo Delincuencial Organizado) o de un GDCO (Grupo de Delincuencia Común Organizada).
“De esto depende el poder delictivo que tienen, su estructura armada y la manera en que el Estado los puede combatir”, agregan desde el Ejército.
Lo políticamente correcto
El cambio de nombres también tiene que ver con la imagen del Gobierno y del país en el exterior. Un ejemplo tiene que ver con los nombres Farc y paramilitares, grupos armados ilegales que jurídicamente ya no existen aunque hay estructuras que se autodenominan o son conservadas como tal. En estos casos, luego de una negociación, Colombia anunció ante el mundo la desaparición de estas estructuras y, en la práctica, eso también incluye la semántica.
Para Kenneth Burbano Villamarin, director Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “el cambio de los nombres, aparte de la estigmatización a familias o poblaciones, puede dirigirse a negar la permanencia histórica o dominación territorial, lo que significa inacción y permisividad del Estado. Resulta mejor decir que se trata de nuevos grupos”.
Agrega el experto que las Farc, por ejemplo, como organización guerrillera jurídicamente no existe, hay desertores o disidencias, es decir, otras organizaciones aunque en algunos casos traten de conservar el nombre inicial”.
