Expertos de Transparencia Internacional y el titular de la AGN piden que el Gobierno tome más medidas para tratar de transparentar las compras directas de medicamentos, reactivos y equipos.
Antilavadodedinero / Clarín.com
Especialistas en la lucha contra la corrupción advirtieron la necesidad de que los gobiernos nacional, provinciales y municipales realicen controles en tiempo real sobre las millonarias compras directas que están haciendo a fin de enfrentar la pandemia del Covid 19. Sucede que a través de decretos de necesidad y emergencia (DNU) se habilitó la compra directa de medicamentos, reactivos, equipos de respiración y otros gastos sin una licitación pública por el avance de la epidemia.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Jesús Rodríguez y la abogada Silvina Martínez, entre otros, señalaron que en estas situaciones de emergencia aumentan los riesgos de corrupción y abuso de poder. Se pusieron como ejemplo los casos del sanatorio Antártida de Hugo Moyano y de los hospitales del Bicentenario de La Matanza.
La experiencia internacional demuestra como gastos de emergencia terminaron en casos de corrupción desde la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1974 hasta el Tsunami en el Océano Indico de 2014.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, recordó a Clarín que “el sector salud es una de las áreas donde se detecta mayor corrupción (compra de medicamentos, vacunas, instrumental, suministros)”. Se estima que anualmente se pierden en corrupción en los sistemas de salud a nivel global alrededor de 500 billones de dólares. Como ejemplo local en Argentina existió el caso de la mafia de los medicamentos.
“La emergencia que habilita mecanismos excepcionales en las contrataciones públicas y genera ventanas de oportunidad para la corrupción, el abuso de los recursos públicos, los conflictos de interés. La urgencia no justifica ninguna forma de abuso de poder”, recomendó Rubio al gobierno de Alberto Fernández.
Para la especialista argentina, entonces “el estado de emergencia no debe ser visto como una excusa para la falta de transparencia y control en las contrataciones públicas” y por eso deben seguir actuando la SIGEN, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, entre otros organismos de control.
Por el contrario “toda medida de emergencia debe respetar el Estado de Derecho, debe ser proporcional al desafío que se enfrenta, debe ser limitada en el tiempo y debe respetar los principios de transparencia y control”, agregó.
“Es indispensable que el proceso de toma de decisiones frente a la emergencia sea transparente y se mantenga informada a la población. Además el gobierno debe garantizar la plena apertura y control en las contrataciones que se realicen, de manera de evitar maniobras indebidas, compra de materiales inadecuados o a precios abusivos”, reclamó Ferreira.
Por su parte, el titular de la AGN Jesús Rodríguez explicó que su organismo tiene “un plan de trabajo diseñado sobre una matriz de riesgo que evita la discrecionalidad para elegir al auditado que seguramente vamos a tener que cambiar ante la situación creada por el coronavirus”.
Rodríguez dijo a Clarín que firmó una resolución para habilitar el teletrabajo porque “indefectible la pandemia no puede evitar la rendición de cuentas” de parte de los funcionarios nacionales. Puntualizó que la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que integra la AGN, tiene normas de procedimiento para controlar gastos de gobiernos en situaciones de catástrofe y emergencia.
Rodríguez dio por descontado que la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso apoyará los cambios en el plan de trabajo de la AGN para dirigir los controles hacia las contrataciones directas.
A su vez, el titular de la SIGEN, Carlos Montero, anunció que controlará que las cadenas de grandes supermercados y mayoristas respeten el listado de precios máximos -establecidos por el Gobierno Nacional en la Resolución 100/2020- de 200 alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza
A su turno, la asesora de la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, reclamó que se amplíen los controles y puso como ejemplo llamativo una licitación del Instituto Malbrán de febrero pasado en que “se compraron reactivos y otros insumos básicos por 6 millones de pesos y, a la vez se contrató a una consultora para asesore sobre cómo ejecutar el presupuesto por 7 millones de pesos”.
“Es hora que los organismos de controlen pidan rendiciones de cuentas para que no se produzcan las avivadas de siempre y se permitan negociados con la emergencia”, agregó Martínez..
A su vez, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó una serie de recomendaciones de Transparencia Internacional y sus capítulos latinoamericanos para mantener los controles sobre estos casos de emergencia contenidas en un documento conjunto. Secchi dijo a Clarín que “sobre todo en tiempos de emergencia los organismos de control tienen que estar en funcionamiento con especial atención en este tipo de compras y contrataciones. En tiempos de emergencia la información es vital para que los fondos públicos vayan a donde tienen que ir”.
Ese documento recomienda que “la información que se genere en materia de contrataciones públicas debe concentrarse en un sitio público específico (página web, micrositio oficial, u otro), asegurando la estandarización de su contenido”.
Este estándar de información debe considerar al menos diez elementos: información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación, precio unitario y global de los bienes o servicios contratados, tipo de procedimiento de contratación utilizada, un registro con información sobre los contratistas, justificación técnica para definir la contratación, información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato y población o necesidad a la que responde la contratación. Los estándares también deben incluir mecanismos y elementos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la contratación, entidad pública y funcionario responsable de la contratación.
El experto en corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Roberto De Michele, recordó que “los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos”.
Además, “cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Como muestra un reciente estudio del Banco Mundial, “la efectividad en el uso de los recursos asociados con la ayuda al desarrollo es un tema central, especialmente para que el dinero llegue a los más vulnerables y no termine en paraísos fiscales”, agregó De Michele.
La experiencia reciente muestra una lista de casos donde existió corrupción. Tras el tsunami del 2004 en el Océano Índico, se movieron unos 13.5 billones en asistencia. “Existieron varios indicios sobre esquemas de corrupción y fraude en el uso de estos recursos” por parte de varios gobiernos, dijo De Michele.
En el caso del Huracán Katrina, la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos calculó que entre U$S 600 millones y U$S1.4 billones – el 16% del total de la ayuda- “se perdieron en actividades indebidas». Y finalmente, el diario El Washington Post reportó recientemente que el programa de reconstrucción de Puerto Rico “está afectado por serias acusaciones de corrupción, y que llegan a autoridades de la agencia encargada de la gestión de emergencias”, finalizó el experto del BID.
