Jefes de organismos de control entregan los primeros resultados de las investigaciones.
Antilavadodedinero / eltiempo.com
Los jefes de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría presentan los primeros resultados de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a enfrentar la emergencia generada por coronavirus.
Luego de semanas de investigaciones y rastreos a denuncias ciudadanas y hallazgos en auditorias propias de los entes de control, ya se tiene un primer panorama sobre contratos irregulares o con sobrecostos.
En el radar de las autoridades ya están varios mandatarios locales y departamentales y funcionarios de esas administraciones que habrían viabilizado esos contratos. Lo mismo que los contratistas a quienes fueron adjudicados.
La Procuraduría General ya venía adelantando varios procesos y abrió 10 investigaciones disciplinarias en ocho departamentos. En total, el organismo vigilaba 2.017 contratos firmados desde el 20 de marzo, y que superan los 800.000 millones de pesos.
Por ejemplo el Ministerio público indaga sobreprecios de más del 50 por ciento en 29 contratos que no están publicados en el Secop.
La Fiscalía destinó un equipo especial asignado al manejo de los recursos de la salud que desde Bogotá empezó a coordinar la recolección de evidencias en varios departamentos del país.
Por su parte, la Contraloría cuenta con un equipo de 80 personas que forma parte de la Diari (Dirección de Información, Análisis y de Reacción Inmediata), encargada de vigilar en tiempo real los contratos que se están haciendo en todo el país para atender la pandemia de coronavirus.
El equipo ha evaluado 76.000 contratos suscritos desde el 10 de marzo hasta la fecha, de los cuales unos 11.000 están relacionados con el coronavirus. En esos contratos se han evidenciado presuntos sobrecostos superiores a los 80.000 millones de pesos.
El fiscal Francisco Barbosa, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo entregan los resultados de las investigaciones que pondrán ante la justicia a funcionarios y contratistas vinculados a hechos de corrupción.
