El juez Casanello concluyó la investigación del caso Odebrecht, por supuestas coimas en la construcción de dos plantas de agua. Hay 19 procesados, entre empresarios y ex directivos. Esperan testimonio de arrepentidos en Brasil.
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El juez federal Sebastián Casanello dio por concluida la investigación por las plantas de agua de Aysa, uno de los expedientes del caso Odebrecht, informaron fuentes judiciales a PERFIL. De esta manera, la causa contra ex funcionarios kirchneristas y algunos de los empresarios más poderosos de la obra pública entró en la etapa final y se encamina al juicio oral y público.
Es el primer expediente por presuntos sobornos del caso Lava Jato en Argentina en llegar a esta instancia. El juez Daniel Rafecas ya había elevado a juicio un tramo de la causa por irregularidades en los gasoductos de Odebrecht pero la elevación no incluye la acusación de supuestas coimas.
El caso de las plantas de Aysa tiene 19 procesados, entre ellos los empresarios Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA); el ex presidente de AySA, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex Director de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico de AySA; entre otros. Todos los acusados negaron los cargos y plantearon diversas apelaciones.
El jueves pasado, Casanello dio por concluida la investigación, luego de recibir un peritaje contable realizado por una división especial de la Policía Federal, informó la misma fuente. La pericia debe cuantificar el perjuicio económico contra el Estado.
En el expediente, el juzgado estableció un presunto perjuicio basado en la demora en la conclusión de las obras. De acuerdo al juez, el Estado pagó muy por encima de lo previsto y las obras se demoraron sin justificación.
Además, la Justicia probó que la obra de Paraná de las Palmas (con Odebrecht) preveía un valor estimado en $ 1.800 millones. La financiación, las prórrogas sistemáticas y la aplicación de redeterminación de precios incrementó el valor del contrato a casi $ 6.500 millones. La Planta Bicentenario, de Berazategui (con Camargo Correa), se había estimado en $ 324 millones y terminó elevándose a casi $ 860 millones, de acuerdo a los procesamientos.
La Cámara Federal porteña confirmó en 2019 los procesamientos pero reclamó un peritaje para apoyar la acusación. Las plantas de Aysa fueron licitadas durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Las empresas argentinas se asociaron a dos brasileñas para licitar estas obras: Odebrecht y Camargo Correa. Ambas, están involucradas en el pago de sobornos a nivel regional en el caso Lava Jato. Camargo Correa niega las acusaciones. El expediente incluye otra línea de investigación: el supuesto pago de sobornos por parte de los empresarios a las ex autoridades oficiales. El juez afirmó en sus últimos fallos que considera probados ambos delitos y que las obras estuvieron direccionadas a estas compañías.
Las constructoras sostienen que no participaron del pago de sobornos pero las confesiones de ex ejecutivos de Odebrecht en Brasil perjudicaron su situación en la Justicia argentina.
El juez decidió concluir la investigación sin haber recibido aún estos testimonios de los arrepentidos de Odebrecht. Los testimonios y las planillas con los pagos indebidos que constan en el caso brasileño fueron incorporados en la causa gracias a las revelaciones de La Nación y PERFIL (que integra el equipo Investiga Lava Jato). El juzgado apunta a incorporar los testimonios y pruebas de manera oficial en el juicio oral y público. En los próximos días, la fiscalía de Federico Delgado, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera deben decidir si apoyan la decisión de que la causa vaya a juicio. Luego será la oportunidad de las defensas.
