Ley de Amnistía: ¿Castigo o salvación para delincuentes?. En medio de la discusión sobre el sistema penitenciario del país —avivada por la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 y por la posibilidad de que las cárceles se vuelvan focos de contagio.
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En la Ciudad de México se ha presentado la primera iniciativa para crear una Ley de Amnistía local, que sirva para liberar a personas presas que cumplan ciertas condiciones.
Pese a que la capital es una de las entidades más progresistas del país en derechos humanos, en ella persisten viejas figuras como el delito de ataques a la paz pública, que ha sido usado por el Estado para castigar e inhibir la protesta social, advierte el diputado Temístocles Villanueva, impulsor de la norma e integrante de Morena.
“Aún el Código Penal de la Ciudad de México castiga un delito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional (…) Es un tipo penal que se creó en realidad para criminalizar cualquier tipo de manifestación pública, cualquier expresión en las calles”, dice el legislador local.
“(La figura) ha sido utilizada, sobre todo en el sexenio pasado, para meter a muchos jóvenes a los centros de reclusión. No olvidemos las protestas del 1 de diciembre de 2012, algunas pacíficas y algunas violentas, pero al final acabaron presas personas que ni siquiera habían participado en estas manifestaciones y fueron utilizadas como chivos expiatorios”, agrega.
Para Villanueva —quien entregó el documento el 19 de mayo—, la ciudad requiere de una ley propia para poder liberar a aquellos que se vieron forzados a delinquir por violencia estructural, discriminación, pobreza o amenazas del crimen organizado.
“La mayoría de las personas que se encuentran presas en nuestro país no lo está en el fuero federal, sino en el fuero común”, dice el diputado, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la CDMX.
“Esos (delitos) son en realidad legislados por los congresos, reglamentados por las entidades de la República, y por eso es que estamos pensando en la necesidad de crear una Ley de Amnistía a nivel local”, expone.
La iniciativa contempla liberar a personas condenadas que pertenezcan a grupos vulnerables, como indígenas, mujeres adultas mayores, migrantes repatriados —de padres mexicanos pero quienes crecieron en Estados Unidos, por ejemplo— y personas transgénero.
“En la Ciudad de México hay una gran cantidad de personas que por la discriminación estructural fueron llevadas a algún juicio sin que existieran pruebas en su contra, sin que tuvieran acceso a la justicia de manera real”, dice Villanueva.
En el ámbito nacional, después de que el tema se discutiera desde el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ambas cámaras del Congreso aprobaron una Ley de Amnistía de aplicación federal. El aval se dio en medio de la emergencia sanitaria y con la promesa de ayudar a despresurizar las cárceles, pero los plazos que contempla hacen imposible que las liberaciones se den con rapidez.
Además, otro de los puntos polémicos de la legislación es que la liberación de personas encarceladas por delitos contra la salud, como la venta de drogas, quedará limitada solo a quienes estén condenadas por portación de hasta el doble de la cantidad de sustancias tolerada por las normas vigentes.
“Desde mi punto de vista, la ley en la Ciudad de México no debería centrarse en las personas presas por venta de drogas, pero sí en las personas que han sido criminalizadas por el uso de las mismas”, argumenta Villanueva.
“No olvidemos que no deja de ser una adicción (…) Es en realidad un problema de salud pública que requiere el acompañamiento, y estas personas desde luego no estoy de acuerdo que estén encarceladas”, insiste el morenista.
Hoy, incluso sin una Ley de Amnistía local, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha empezado a ejercer la figura de la liberación anticipada, con la que por razones humanitarias se ha excarcelado a 78 reos y se analiza que la cantidad total de beneficiarios pueda ser de 800.
Villanueva señala que la discusión de la Ley de Amnistía local además podría llevar a una revisión y a reformas al Código Penal de la ciudad, así como a generar procesos más claros para personas de grupos de atención prioritaria y facilitar herramientas para el acceso a la justicia.
“La Ley de Amnistía es también una declaración política que conlleva hacer una revisión muy clara y puntual de los delitos que se encuentran enumerados en nuestras leyes”, sostiene.
En el otro extremo del espectro, diputados locales del PAN ya se han pronunciado en contra de la ley federal. Uno de ellos es Héctor Barrera, quien ha acusado que la legislación provocará el aumento de la violencia al liberar a personas condenadas por robo simple, delincuencia organizada y homicidio en razón de parentesco o aborto (en la capital del país, la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación está permitida desde 2007).
No obstante, Villanueva afirma que es posible sacar adelante la Ley de Amnistía sin el voto del PAN, si se obtiene el apoyo de legisladores de otros partidos.
“(Los panistas) siempre han estado en contra del reconocimiento de los derechos a las personas más vulnerables; entonces, no me sorprende que esa sea su postura”, dice.
“Es la obligación que tiene la oposición, generar debate y opiniones diversas, contrarias para que la sociedad tome una opinión propia frente a lo que nos legisladores decimos, hacemos y aprobamos”, agrega el diputado, quien prevé recibir apoyo a su propuesta por parte de otros compañeros de bancada.
De cara al debate, además, Villanueva reconoce que la discusión del tema tendrá que ir acompañada del diseño de un programa de reinserción social que sea efectivo.
“Una Ley de Amnistía sin reinserción social está destinada al fracaso. Tenemos que pensar de manera integral para darle una oportunidad a los jóvenes que se ven obligados a dedicarse a la delincuencia, pero que su vocación es otra”, advierte.
