Se trata de Juan Lascurain, el ex titular de la UIA durante el kirchnerismo en la causa Cuadernos. Reclamó su sobreseimiento y apuntó contra la figura de Centeno como arrepentido.
Antilavadodedinero / Infobae.com
Uno de los empresario que está procesado en la causa de los cuadernos acaba de activar una jugada que, si tiene éxito, podría hacer caer la acusación contra todos los hombres de negocios que quedaron involucrados en ese escándalo, revelaron fuentes judiciales a Infobae. El planteo lo hizo el empresario Juan Lascurain, el ex titular de la Unión Industrial Argentina que fue muy cercano al kircherismo, apuntando contra el “arrepentimiento” de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que describía en cuadernos los viajes de recaudación de dinero que cimentaron esta causa en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, como jefa de asociación ilícita.
Lascuraín fue condenado el año pasado a cuatro años de prisión en otra causa: lo acusaron de haber cobrado del Estado un anticipo de 50 millones de pesos por una ruta en Río Turbio que nunca se hizo. Curiosamente, el Tribunal Oral Federal 7, que dictó aquella condena, es el mismo que tendrá que estudiar el planteo de Lascurain en el caso de los cuadernos.
Y aunque el pedido es a nivel personal, si consigue que los jueves le den la razón, la jugada podría tener un «efecto dominó» para los empresarios que están procesados en ese expediente, algunos de los cuales pactaron para convertirse en “imputados-colaboradores” temiendo ir presos y contaron detalles de lo que el fallecido juez Claudio Bonadio describió como “la maquinaria de corrupción” del kirchnerismo.
En esa lista aparecen nombre como Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, Juan Chediack, nrique Pescarmona o Aldo Roggio, entre otros. No obstante, no cambiaría -al menos con esta movida- el escenario para Cristina Kirchner y el resto de los ex funcionarios investigados.
¿Qué es lo que dijo la defensa de Lascuraín? Que su cliente debe ser sobreseído porque tanto la acusación de la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli y las querellas para llegar a juicio-la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera- como la resolución que firmó el juez, “incurren en el mismo defecto: promover en forma manifiestamente ilegal la elevación a juicio del presente proceso respecto del Sr. Juan Carlos Lascurain”.
Según repasó, Centeno quedó acusado de ser miembro de una asociación ilícita que recaudaba dinero ilegalmente. Y la ley del arrepentido solo le permite acogerse a aquellos que declaren para «arriba» de esa asocaición, o al menos, para el costado (la ley habla de información sobre sujetos que tengan una «responsabilidad penan sea igual o mayor a la del imputado arrepentido»). .
Lascurain está acusado de “cohecho” (haber pagado coima) a esa asociación en la causa de cuadernos. En septiembre de 2018, todos los empresarios habían sido procesados por Bonadio como integrantes de la banda que lideraba la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido, pero la Cámara Federal revocó esa interpretación en diciembre por entender que los hombres de negocios no podían ser parte de una asociación que recaudaba cuando eran los que entregaban el dinero. Los sacó así de la asociación ilicta, pero los dejó procesados por las coimas.
“El delito que se le imputa al Sr. Lascurain –’imputado no arrepentido’- no es ‘igual’ ni ‘más grave’ que el imputado al Sr. Centeno -‘arrepentido’-”, sostuvo el abogado Demián Real. “La información supuestamente aportada por Centeno en el marco del régimen al que vengo aludiendo ni siquiera permite sustentar, como ilegalmente lo hacen las tres partes acusadores y el Sr. Juez de Instrucción, ni la existencia del hecho –entrega de dinero- ni su tipicidad”, añadió.
Una vez más volvió a la carga el planteo en torno a que las confesiones no se filmaron. Tal como se planteó en instrucción, la defensa del empresario también machacó en que “no existe registro alguno de que se le haya formulado al Sr. Centeno alguna interrogación particular respecto del episodio de fecha 28 de octubre de 2008 en inmediaciones del domicilio del señor Roberto Baratta”, que involucra al ex titular de la UIA. “Solo se cuenta con la foto de una anotación al respecto en la página de una fotocopia de un cuaderno que no fue aportada por Centeno y ni siquiera se peritó. Y fue en esas condiciones que se consideró acreditada la plataforma fáctica para la imputación de cohecho”, afirmó.
Tampoco, dijo, existe en la causa “ni una sola medida de prueba dirigida a establecer si el paquete/carpeta entregado por mi defendido en las inmediaciones del domicilio del Sr. Roberto Baratta el día 28 de octubre de 2008 contenía algo distinto a lo que el Sr. Lascurain describió” en su indagatoria. Aclaró que no era dinero lo que estaba llevando sino documentación sobre eventuales proveedores del Estado Nacional.
En setiembre de 2019, el juez Claudio Bonadio cerró la investigación en la que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner está procesada por encabezar una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar coimas que pagaban los empresarios que hacían negocios con el Estado. Se trata del escándalo que se conoció en la madrugada del 1° de agosto de 2018 y que se había iniciado meses antes cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación le entregó al fiscal Stornelli unas ocho libretas que habían llegado a sus manos en donde aparecía un chofer de Baratta contando viajes con detalles de esos viajes de recolección de dinero.
Según se estableció, entre los organizadores de esa asociación ilícita determinada por la Justicia se encuentran el ex ministro De Vido, Baratta (ambos detenidos), el financista Ernesto Clarens y quien presidiera la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. También la integran José López, ex secretario de Obras Públicas y arrepentido, Claudio Uberti, ex director del organismo que controló las autopistas por peaje y también arrepentido, entre otros. Centeno, quien se convirtió en arrepentido, debe ir a juicio oral y público.
Entre los empresarios hay quienes admitieron el pago de coimas y otros que lo negaron. Casi todos los hombres de negocios fueron procesados por la Cámara Federal solo por el delito de cohecho. Entre ellos están el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Gabriel Romero y Néstor Otero, todos con intereses en compañías que históricamente hicieron negocios con el Estado. El dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, está procesado por integrar la asociación ilícita y por el pago de coimas. El empresario se defendió con el argumento de que entregó dinero de manera voluntaria para sostener el proyecto político del kirchnerismo. El capitulo del dinero que aportó Techint fue separado de ese tramo de la causa y continúa en instrucción.
La derivación del Caso Cuadernos que involucra el esquema de lavado de dinero que organizó Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor Kirchner, también fue elevada a juicio oral y público. Con el correr de los días, Bonadio elevó ademas el resto de las causas que ya existían o que se abrieron especialmente para investigar otros delitos concentrados en este mismo megaexpediente de los cuadernos.
El tema está en manos del Tribunal Oral Federal 7: los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli. Todo está en etapa inicial en esa instancia y ni siquiera una fecha barajada sobre cuándo podría llegar a hacerse el juicio oral. En febrero pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó cesar la prisión preventiva de la vicepresidenta en la causa de los cuadernos. Los jueces dijeron que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida que prive de la libertad a la titular del Senado. La presidenta de la Sala I, Ana María Figueroa, sumó además como argumento que al momento de firmar esa decisión la entonces senadora gozaba de fueros y por lo tanto la prisión preventiva fue mal dictada.
