Nicolás Maduro lleva semanas maniobrando para anular a la oposición de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y evitar así que se repita el triunfo de los antichavistas del 2015, para así perpetuar la dictadura chavista en Venezuela.
Antilavadodedinero / LVDG
Después de cinco años de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo, el objetivo de Maduro es, en su opinión, devolver la «gobernabilidad» y la «democracia» al país. ¿Cómo? Repitiendo, perfeccionada, la fórmula de los comicios presidenciales del 2018, en los que fue reelegido en unos comicios calificados de fraude por gran parte de la comunidad internacional.
Su última maniobra para perpetuar la dictadura chavista ha sido descabezar a Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López.
Ante los recientes movimientos del régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Unión Europea ha advertido «un debilitamiento aún mayor de la democracia en Venezuela». Como Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), la UE ha condenado las recientes decisiones del TSJ, que está confeccionando unos comicios a medida del chavismo.
¿En qué manos está el árbitro electoral?
El Supremo ha impuesto la junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezada por la presidenta de la Sala Electoral del TSJ, autora de varias sentencias electorales inclinadas hacia el chavismo. Si la anterior directiva del ente electoral era conocida por su parcialidad, la actual aún tiene una mayor inclinación hacia el régimen.
¿Qué ha hecho el Supremo para anular a la oposición?
En las pasadas semanas, y alegando «demandas» de diputados disidentes de los mayores formaciones de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia ha destituido a los dirigentes históricos de Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática y los ha sustituido por afines al chavismo.
Así, opositores cercanos al régimen como Luis Parra (sancionado por la UE tras ser elegido ilegalmente presidente del Parlamento) se ha convertido en el líder del partido Primero Justicia; José Noriega, de Voluntad Popular (el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López), y Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática, están adueñándose de los símbolos y sedes de estos partidos históricos de la oposición.
Todos ellos están cuestionados no solo por su afinidad con el régimen, sino también por haber recibido supuestos sobornos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, que espera en una prisión de Cabo Verde la tramitación de extradición a Estados Unidos por delitos de blanqueo de dinero.
En diciembre, los tres nuevos dirigentes de los partidos opositores eran objeto de una investigación de la Contraloría de la República (tribunal de cuentas). Esas causas han sido convenientemente olvidadas.
¿Por qué ha aumentado el número de diputados?
Vulnerando la Constitución y la ley de procesos electorales, el nuevo Consejo Electoral ha elevado el número de diputados de la Asamblea Nacional de 167 a 277, para, supuestamente, «garantizar la representación proporcional de las minorías».
Expertos en el tema señalan que el cambio únicamente obedece a que así el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) evita perder la mayoría frente a cuatro partidos controlados por líderes afines, que a su vez, no se unirán entre sí para evitar que la opositora se presente en una plataforma única.
Todos estos cambios se han hecho por la vía de normas sin rango de ley, en contradicción con la Constitución y sin discusión en el Parlamento.
¿Qué otras irregularidades hay?
Los críticos del proceso señalan que el registro electoral no ha sido revisado en la última década, y que está «pinchado» (abultado) para favorecer al régimen. A esto se une la falta de protección a los representantes de los partidos opositores en las mesas electorales, que en los últimos procesos con mínimos estándares democráticos (2017) fueron intimidados por «colectivos» (paramilitares chavistas). El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ha dicho esta misma semana que «la oposición nunca llegará al poder en Venezuela» y que «las armas las tenemos nosotros».
¿Cómo afronta la oposición los comicios?
Despojados de los símbolos de sus partidos y en la mayoría de los casos inhabilitados por la Contraloría de la República (lo que también contraviene la ley venezolana), a los dirigentes opositores no les queda más opciones que llamar a la abstención.
Casi un tercio de los actuales diputados afrontan juicios que los han llevado al exilio o a la cárcel. Aún así, un grupo de dirigentes que se han salvado de la criba evalúan participar en las listas de partidos minoritarios, en su mayoría de carácter religioso (como los evangélicos), para tener una presencia, aunque sea minúscula, en el próximo Parlamento.
