El abogado de Venezuela en Cabo Verde, Arnaldo Silva, cree que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de este país africano “revocará” la decisión de una corte inferior de autorizar la extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro.
Antilavadodedinero / EFE
En declaraciones hechas hoy a Efe, Silva se mostró “convencido” de que el STJ “no tiene más remedio que revocar la sentencia a favor de la extradición de Alex Saab”, emitida el 31 de julio por el Tribunal de Apelación (TA) de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, en el norte de este país insular de África occidental.
Saab, de 48 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
El Tribunal de Apelación vino a avalar con su decisión de julio la postura ya expresada anteriormente por el Gobierno caboverdiano a favor de la extradición, si bien los abogados de Saab interpusieron el pasado viernes un recurso de apelación ante el STJ.
ANTECEDENTES QUE PUEDEN FAVORECER A SAAB
Silva, que tiene poderes otorgados por la Procuraduría General de la República de Venezuela para representar en Cabo Verde los intereses de Caracas en los asuntos concernientes al caso, consideró “varios motivos” para esperar un fallo favorable a Saab.
“Por ahora, los fundamentos de la sentencia del TA son prácticamente inexistentes, consistiendo en una simple reproducción de lo que los estadounidenses pusieron en el proceso”, explicó el letrado a Efe en Praia, capital caboverdiana en la sureña isla de Santiago y sede del STJ.
A su juicio, la corte de Barlavento “ignoró todas las gestiones realizadas por la defensa y no pronunció una palabra sobre el razonamiento jurídico presentado por ella”.
Asimismo, prosiguió, existen sentencias sobre casos similares al de Saab, como el de un ciudadano iraní y otro paquistaní -“con el agravante de cargos mucho más graves”- reclamados por EEUU y cuya extradición fue aprobada por el Tribunal de Apelaciones de Sotavento (Praia), pero rechazada después por el STJ en 2017.
“El STJ, con la misma composición y los mismos jueces que ahora, se basó en la cuestión de las penas imputables a los acusados en el país que solicitara la extradición, considerando que no existía garantía de que estas penas fueran apropiadas y ajustadas a las practicadas en Cabo Verde para los mismos delitos, con el riesgo de que ambas personas fueran condenadas a cadena perpetua”, recordó.
Según Silva, la sentencia de 2017 es aplicable al caso de Saab, por lo que el STJ “está obligado a tomar en cuenta ese precedente y revocar la sentencia del 31 de julio del TA de Barlavento, so pena de contradecirse y desacreditarse”.
En su sentencia del 31 de julio, el TA asegura que Saab no incurrirá en “pena de muerte o cualquier otra que pueda resultar en un daño irreversible a la integridad de la persona, o sea de carácter perpetuo o de duración indefinida” y que “no será extraditado a un tercer país”.
La sentencia agrega que la decisión también se toma sobre el principio de reciprocidad, pero reconoce que, por las limitaciones que imponen sus leyes de extradición e inmigración, “Estados Unidos no está en condiciones de garantizar esa misma reciprocidad”.
“Estoy convencido de que el STJ revocará la decisión del TA porque ese será el resultado más ajustado y apropiado”, zanjó Silva, al tildar de “muy injusta” la resolución de la corte de Barlavento.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde.
La defensa sostiene que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
La pasada semana, el exjuez español Baltasar Garzón, que integra el equipo legal de Saab, acusó a EEUU de “instrumentar” por motivos políticos y electorales la extradición del empresario colombiano.
SUPUESTO BLANQUEO DE CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES
El nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
