Grupos criminales organizados convirtieron la zona minera de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en una región donde, aparte de robarse el oro y plata de Costa Rica, evaden impuestos, talan bosques y trafican cianuro, mercurio, armamento pesado e incluso mano de obra de Nicaragua.
Antilavadodedinero/ La Nación
A 200 kilómetros de San José y a unos pocos del límite con Nicaragua, estas mafias también corrompen a funcionarios del Estado para que se hagan de la vista gorda, detalla un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El desborde de crímenes nace de una alianza entre coligalleros y “empresarios de la zona”, costarricenses, quienes contratan mano de obra ilegal nicaragüense.
Así lo precisa el reporte del 14 de mayo que el director del OIJ, Wálter Espinoza, envió a la Sala Constitucional ante una consulta de los magistrados en el trámite de un recurso de amparo bajo el expediente No. 19-011277-0007-CO.
El amparo lo presentó la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) el 25 de junio del 2019. Su intención es obligar al Estado a erradicar el uso de mercurio en esa región, debido a serios problemas ambientales como contaminación de suelos, fuentes de agua superficiales y mantos acuíferos.
Crucitas era manejada por la firma canadiense Industrias Infinito, la cual dejó el país en 2015 luego de un escándalo político y judicial por la autorización para sacar oro; actividad que anuló el Tribunal Contencioso Administrativo.
Cuando Industrias Infinito partió, vendió la finca Vivoyet y desde entonces se inició el ingreso de los llamados coligalleros cuyas incursiones se dispararon a mediados de 2017.
Desde entonces, el secuestro de Crucitas ha sido perfeccionado primero por miles de personas que empezaron a ingresar masivamente hasta evolucionar en una extendida operación del crimen organizado, conforme el recuento de Espinoza a la Sala Constitucional.
La Nación consultó al ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre el contenido del informe y si coincidía con los hallazgos de la Policia Judicial.
“No conozco el informe, nunca he conversado con Don Wálter sobre el tema”, se limitó a responder el ministro quien, en mayo de 2018, aseguró en una gira a la zona que aplicaría mano dura allí y buscaría un abordaje integral.
“Jugaremos al gato y al ratón, como le corresponde a Seguridad. Buscaremos, procesaremos y coordinaremos con Fiscalía las veces que sean necesarias”, prometió en aquel momento, cuando recorrió el área junto al ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
Precisamente, este miércoles, Rodríguez acudirá a responder ante el plenario legislativo sobre su gestión para frenar la minería ilegal en la zona norte, en particular en Crucitas y zonas aledañas.
Los diputados aprobaron la moción para llamar a cuentas a Rodríguez el 6 de agosto, con la intención de que pudiera responder antes de dejar el cargo, del 31 de este mes, para asumir la dirección del Fondo Mundial Ambiental, con sede en Washington, Estados Unidos. Desborde de bandas criminales
“En la actualidad los coligalleros se han aliado a distintos empresarios de la zona quienes ahora contratan inmigrantes y con ayuda de maquinaria agrícola realizan extensos túneles para minería, causando además un daño irreparable al ecosistema con químicos y talando árboles necesarios para la realización de estos túneles”, indica el documento.
Apenas en febrero, el Ministerio de Seguridad Pública desalojó en Crucitas, ocho cuarterías de coligalleros y selló cinco túneles en las que operaban los oreros ilegales.
El jerarca del OIJ confirmó la existencia de “amplios yacimientos de oro y plata” que explotan principalmente inmigrantes nicaragüenses, “quienes día a día incrementan la cantidad de minerales extraídos”.
Esto, agrega el informe, porque los métodos de extracción evolucionaron hacia nuevas técnicas para extraer mayor cantidad más rápidamente “vendiendo el oro y plata a los distintos grupos criminales encargados de exportar el producto hasta Estados Unidos”.
La actividad, al parecer, resultó muy lucrativa, pues el OIJ identificó un gran crecimiento en la demanda de cianuro y mercurio para extraer oro al punto de incautarse en un solo transporte 2,4 toneladas de cianuro y 1,4 kilogramos de mercurio, que provenían ilegalmente de Nicaragua.
“Para esto existen varios grupos de personas organizadas dedicadas al ingreso de estas sustancias a la zona, ya sea provenientes desde el país vecino del norte u obtenidas de forma irregular de distintas empresas costarricenses encargadas de vender de forma legal ciertos productos químicos”, indica Espinoza.
El director del OIJ añade que la utilización de mercurio y cianuro ha producido “gran contaminación en los ríos, nacientes y con esto la muerte de especies que habitaban en los mismos”.
Tan frenética es la actividad, que hay trata de personas para fines laborales y tráfico Ilícito de migrantes (nicaragüenses) quienes son trasladados por costarricenses usando sus vehículos desde distintas zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua.
