Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera mexicana con Estados Unidos, donde fueron asesinadas 72 personas provenientes de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras e India. Hoy se cumplen 10 años de impunidad.
Antilavadodedinero / DW
La indignación dio paso al «olvido y la impunidad», denuncian familiares y juristas al cumplirse este fin de semana diez años de la masacre en Tamaulipas, México, de 72 personas migrantes irregulares, en su mayoría centroamericanas, que intentaban llegar a Estados Unidos.
Hay 15 detenidos, pero ninguno con sentencia por esta masacre ejecutada supuestamente por narcotraficantes entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas. «Verdaderamente es indignante que ni uno solo tenga condena porque ya son diez años sin justicia», comentó Johni Hernández, hermano de Eva Noemí, de Honduras, quien fue encontrada en un rancho-bodega entre una pila de cadáveres baleados, algunos con las manos atadas.
«Lo que puede resumir el estatus del caso es la impunidad, desdén y falta de voluntad política», dijo la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, que representa a 11 de las familias de las personas asesinadas.
La masacre de 72 migrantes en Tamaulipas
Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos, destino final de las 14 mujeres y los 58 hombres originarios de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras e India.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por el cártel de Los Zetas y llevadas a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero -al negarse- les asesinaron. Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano que fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. A la fecha, nueve cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México sin identificar.
Algunos familiares sospechan que, en la masacre, pudieron haber participado miembros de organismos de seguridad ligados a los criminales. «No han investigado como deberían, hay mucha gente que está detrás de todo esto y anda suelta como si nada», condena Hernández. «Ni las familias ni nosotros creemos que sólo fueron Los Zetas«, afirma Delgadillo, para quien una década después hay «más preguntas que respuestas».
«¿Por qué no se ha investigado la probable participación o colusión de agentes del Estado y el crimen organizado? ¿Por qué no se ha investigado el tráfico y Trata de personas? ¿Por qué no se ha investigado la línea financiera del crimen organizado?», cuestiona la abogada. Delgadillo ha representado a las once familias desde hace nueve años, pero recién hace tres logró tener acceso a los expedientes. «Ha sido un camino para las víctimas marcado de obstáculos para que no puedan saber lo que pasó», denuncia.
En tanto, en Ciudad de México, unas cincuenta personas colocaron un monumento en el icónico Paseo de la Reforma para recordar a las víctimas de la masacre. El denominado antimonumento, hecho de metal, lleva el número 72 con las leyendas «nadie es ilegal en el mundo» y «migrar es un derecho humano».
«Este monumento es un recordatorio para quien sea que pase por aquí, quien sea que lo vea, de que no puede haber impunidad en ningún caso de los migrantes que están viajando por nuestro territorio», dijo Delgadillo.
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MADRES BUSCAN A SUS HIJOS EN LA RUTA DEL MIGRANTEMadres centroamericanas en la búsquedaCuarenta mujeres procedentes de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras entraron a México el jueves (20.11.2014) por El Ceibo, una población localizada en el municipio de Tenosique en el estado mexicano de Tabasco, que hace frontera con Guatemala. Muchas de ellas esperaron durante años la oportunidad de pasar por México.
