La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, por sobrecostos en ayudas.
En el proceso adelantado por el ente de control, también deberán responder tres subdirectores: María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, además de 35 proveedores de kits de alimentos.
De acuerdo con la Contraloría, las irregularidades se presentaron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de los kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia (AHE), conforme con la declaratoria de calamidad pública en la capital, y en distintos departamentos del país.
“Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite), así como unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados”, informó la entidad.
La Contraloría también identificó que, en algunos casos, no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta, cuando esto había quedado estipulado en los contratos de la UNGRD.
Para el ente de control, por tanto, los hechos anteriormente mencionados implican que se vienen pagando cantidades de dinero superiores a las que realmente corresponden al suministro prestado.
La Previsora S.A, la compañía de seguros que administra el fideicomiso estatal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, también fue llamada al proceso como tercero civilmente responsable.
La compañía de seguros fue citada, debido a que las órdenes del gasto del Fondo y todas sus subcuentas están a cargo del director de la UNGRD.
Entre los proveedores involucrados, y que han sido destacados por la Contraloría están: Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca (CENCOIC), Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta, y Diver Dotaciones SAS.
Denuncias ciudadanas
“Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico el pasado 29 de abril por la Contraloría de Participación Ciudadana, que solicitó revisar la contratación cuestionada”, explicó el ente de control.
Luego de conocer las denuncias, la Contraloría Delegada solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) revisar la información en cuestión. Así mismo, le solicitaron información a la UNGRD sobre el tema, para responder un cuestionario generado por el senador Carlos Jiménez López, quien hizo una denuncia por posibles sobrecostos en los mercados.
A comienzos de mayo, la Diari envió los documentos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego de que el contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba, declarara que estas irregularidades causaban un impacto nacional.
El pasado 3 junio se inició una investigación preliminar, y finalizada esta se dio el auto de apertura a este proceso de responsabilidad fiscal.
