La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirman a elDiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.
AntilavadoDeDinero / El Diario.es
Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales reyes de España: Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, según explican esas mismas fuentes. Tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (que hoy tiene 15 años) ni su hermana, Sofía (13). Pero sí otros familiares directos del rey emérito, que Anticorrupción está rastreando.
Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014.
En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían: un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando del Ejército del Aire.
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Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde la esposa del rey mantiene desde hace años su residencia habitual, añaden las citadas fuentes.
La reina Sofía cuenta con una asignación anual de dinero público. En 2020 recibirá un total de 111.854 euros del presupuesto asignado a la Casa Real. El rey emérito, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; Felipe VI retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su fortuna oculta en paraísos fiscales.
Los 65 millones saudíes no serán juzgados
Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores y no están relacionados con la investigación judicial que salió de Anticorrupción el pasado junio en dirección a la Fiscalía del Tribunal Supremo: esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen.
El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.
El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La nueva investigación de Anticorrupción que hoy desvela elDiario.es, estas tarjetas opacas, tiene por tanto una especial trascendencia. Se trata de un presunto delito cometido después de la abdicación. Por lo que, a diferencia de los millones saudíes, esta suerte de tarjetas ‘black’ sí podrían suponer la imputación del rey emérito.
La Fiscalía General del Estado ha anunciado este martes que esta investigación será asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual Anticorrupción deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Alto Tribunal esas diligencias “para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos”, ha informado en un comunicado. El fiscal Juan Ignacio Campo ha sido designado para llevar a cabo esta investigación.
